Uno de los retos fallidos en recientes gobiernos y sistemas políticos ha sido el control de la información que fluye por la red Internet, especialmente por las redes sociales. Sin embargo, se han topado con un alto nivel de resistencia por los propios usuarios de estas.
Para quien lo desconozca, la infraestructura de la red donde hoy fluye toda la información de la Internet nació con fines militares para evitar que una comunicación directa entre dos puntos sea interrumpida. Por lo cual se creó un protocolo de comunicación que permitía que los mensajes siempre encontraran un camino hasta llegar a su destino.
Al trasladarse esta realidad y operación a las instituciones educativas y posteriormente a la iniciativa privada que inició su comercialización, la red se expandió por encima del alcance de los gobiernos. En los últimos años se he pretendido que los Estados reconozcan como un derecho humano la Internet, lo que en el espíritu garantista y de derechos humanos en nuestro país, nos lleva a aceptar que el uso de la tecnología no puede ser subordinada por el Estado.
Por otro lado, hay un gran inconveniente en el ámbito espacial de la norma legal según los principios del derecho estructural de Kelsen, ya que la jurisdicción de un Estado está limitada ya que las empresas, así como las ubicaciones de los servidores o data center no necesariamente están en un país donde la autoridad pretenda imponer mecanismos de control. Lo que implica que si es necesario la reglamentación y regulación de las herramientas digitales de la Internet debe estar sustentada y fundamentada en esfuerzo global por medio de un tratado o convenio internacional y no de manera unilateral por una sola nación, ya que su alcance solo sería en el territorio soberano.
Un caso especial ha sido China. En su proteccionismo ha desarrollado sus propias herramientas, inclusive su propio navegador y hasta algunas aplicaciones para ejercer un control gubernamental sobre lo que el usuario puede o no hacer dentro de la red. Lo que para muchos constituye una violación de los Derechos Humanos.
Es cierto que hay situaciones que se deben revisar, sobre todo en lo que se refiere a las redes sociales y las famosas reglas de convivencia. Como cualquier otra instancia institucional los creadores y organizadores tiene los derechos para establecer políticas para el ingreso, permanencia o retiro de los usuarios.
Gracias a esas redes sociales la discusión de los temas políticos, económicos y sociales se ha expandido. Para muchos es el ejemplo más explícito de la democratización de los temas públicos. Aunque también constituye un problema por la difusión de información falsa, las llamadas fake news. Pero este no es un fenómeno propio y exclusivo de las redes sociales, ya que las prácticas de manipulación y engaño siempre han estado presenten en los diferentes medios de comunicación y al alcance de cualquier individuo. ¿Acaso vamos a negar el impacto negativo que puede tener un «chisme»?
Lo más irónico para el caso mexicano, es que hoy los simpatizantes de la Cuarta Transformación se sienten molestos por algunas acciones de las redes sociales en contra de la censura por incumplimiento de sus redes sociales; pero que, en el pasado no muy lejano, sin estas redes no hubieran logrado el avance en la penetración social de sus ideas y propuestas.
¿Podrá el gobierno mexicano «poner en cintura y orden» a las redes sociales?
Su propuesta es muy arriesgada, porque tal pretensión es intolerable para un amplio sector de usuarios de las redes sociales que, más allá de las cuestiones de las reglas de convivencia, perciben en la propuesta en una intromisión gubernamental.
¿Hasta dónde defenderá su postura el gobierno mexicano?
Solo el tiempo y las circunstancias lo definirán.