Se remitieron a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para los efectos correspondientes
La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que preside el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena), aprobó cuatro dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo.
El primero es para que la Comisión Permanente condene la agresión sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del jueves 15 de diciembre de 2022. Además, que reconozca las investigaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
También exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que, en ejercicio de sus atribuciones, continúe con las investigaciones de la agresión en contra del periodista Ciro Gómez Leyva y persiga a las personas responsables materiales e intelectuales de estos hechos para que sean juzgados conforme a las leyes aplicables.
El diputado Sandoval Ballesteros expresó su solidaridad y se pronunció por garantizar la libre expresión, sin sesgos políticos, así como reconocer la defensa de la libertad de expresión y condenar el ataque al periodista. Indicó que el llamado debe ser muy cuidadoso para no politizarse e indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México ha avanzado en el esclarecimiento de los motivos del ataque a Gómez Leyva y determinar quiénes serían los responsables intelectuales.
La diputada María Josefina Gamboa Torales (PAN) manifestó su respaldo al punto de acuerdo, porque exhorta a quienes tienen que ver con la investigación de la agresión contra el periodista, pero destacó la importancia de incluir en el exhorto al presidente de la República para «que cese las descalificaciones contra medios de comunicación, periodistas, reporteros y reporteras que no son afines a su movimiento, pues desde su investidura debe representar a todas y todos por igual».
Enseguida, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) expresó estar a favor del punto de acuerdo porque México vive un momento en el que la crítica al poder es muy intensa y es parte de la democracia «como no se había visto en las últimas décadas, cuando la crítica al gobierno en turno era motivo de represalias».
Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador sin grupo parlamentario, cuestionó qué sucede con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues ha tenido dificultades de recursos operativos, y quienes deben ser protegidos por él, están siendo asesinados. Agregó que la mayoría de los casos está impune por lo que es necesario que el Mecanismo les dé protección y «que la justicia sea la norma, no la impunidad».
Del grupo parlamentario del PAN, el senador José Alfredo Botello Montes apoyó la propuesta y manifestó su solidaridad con las y los periodistas, que a diario corren graves riesgos. «No podemos acostumbrarnos a vivir en la inquietud e inseguridad. Qué bueno que las autoridades realizan su trabajo, ojalá que en otros casos también se puedan aclarar los asesinatos y agresiones contra periodistas».
La diputada Jaqueline Hinojosa Madrigal (PRI) resaltó la importancia de aclarar el móvil del atentado contra el comunicador, porque, si bien ya se realizó la captura de algunos implicados, no se ha avanzado en el tema del motivo ni en conocer quién ordenó el atentado.
El segundo dictamen aprobado exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a continuar y sustanciar las investigaciones sobre las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita realizadas por el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, y denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de ejecutar los procedimientos legales necesarios para obtener su extradición, en cumplimiento del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile.
Al respecto, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) se pronunció a favor. Dijo que está pendiente la investigación federal por delincuencia organizada; por eso se solicita que se retome, que sea exhaustiva y expedita.
El senador Botello Montes señaló la importancia del exhorto a la FGR para ahondar y determinar la existencia del delito de delincuencia organizada y haga la petición al gobierno chileno para extraditar a Toledo Gutiérrez. Pidió continuar las investigaciones, llegar a las determinaciones correspondientes y juzgar con base en pruebas.
A su vez, la diputada Hinojosa Madrigal dijo que los términos del resolutivo no están debidamente fundados y soportados técnicamente. Planteó revisar el marco jurídico en la materia para tener un planteamiento debidamente fundado y motivado al solicitar la actuación de una autoridad, orientando con precisión el objetivo del exhorto para lograr la extradición de un presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
El tercer dictamen, es un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a que lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Fiscalía General de la República, referente a la atracción del caso del exfiscal, C. Francisco González Arredondo.
Además, que el Órgano de Control Interno de dicha Fiscalía inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, por la posible comisión de violaciones al debido proceso, cometidas durante la detención e investigación del C. Francisco González Arredondo, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie el procedimiento de queja por probables violaciones a sus derechos humanos cometidas durante su detención y, en su caso, emita la recomendación correspondiente.
La diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, explicó que el fiscal de Chihuahua fue nombrado ayer por la gobernadora del estado, por lo que planteó dar tiempo al nuevo funcionario a que realice su trabajo.
Por su parte, el senador Botello Montes se pronunció por que el nuevo fiscal tome cartas en el asunto y obsequie la atracción que solicita la FGR. Expresó que hay muchas ocasiones que ameritarían la atracción, pero no se han realizado cuando se tratan de delitos de alto impacto de carácter social, y queda en el ámbito local.
El último dictamen propone que la Comisión Permanente condene enérgicamente cualquier manifestación de odio, supremacismo racial e intolerancia, así como toda forma de incitación a la violencia y la discriminación, en cualquier parte del territorio nacional.
Asimismo, que se exhorte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, inicie una carpeta de investigación por los delitos que se acrediten, derivados de los conciertos clandestinos de orientación neonazi y racistas, realizados en la Ciudad de México durante el año 2022, y los que se realicen en años subsecuentes.
Una vez aprobados, los dictámenes se remitieron a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para los efectos correspondientes.
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