En reunión extraordinaria, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana aprobó un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de declaración patrimonial de los servidores públicos.
Plantea que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales sean de carácter público y auditables. En ese sentido, el presidente de la Comisión, Clemente Castañeda, dijo que actualmente las declaraciones de los funcionarios públicos del gobierno se han abierto de manera completa.
“Se considera pertinente avanzar también en adecuar la legislación para que además sea una disposición de carácter normativo”, refirió.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos para continuar con su proceso legislativo.
También fueron aprobados cinco dictámenes de puntos de acuerdo turnados a la comisión. El primero exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe al Senado la información complementaria del Fideicomiso de Administración y Pago para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, denominado Fideicomiso de Transición 2018.
El segundo, exhorta a diversas instituciones a tomar medidas en torno a las irregularidades detectadas en la asignación de recursos públicos a empresas, propiedad de servidores públicos en el Valle de Guadalupe, Baja California.
En el tercero se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinados al Seguro Popular en el ámbito estatal.
En el cuarto, se exhorta a las titulares de las secretarías de Energía y de la Función Pública, a hacer pública la información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Y considerar la implementación de licitaciones públicas, como marca la ley.
El quinto, exhorta a los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público y de Pemex, a hacer pública la información sobre las importaciones de combustible en el último trimestre de 2018 y enero de 2019. Solicita, también, la balanza comercial, disponibilidad de las reservas de combustible y el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de combustibles.
Los senadores avalaron retirar dos proyectos de opinión. Uno relativo a la iniciativa que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, en materia de ampliación del catálogo de delitos por los cuales el Presidente podrá ser juzgado durante el ejercicio de su encargo.
El otro, referente a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, remitida el 19 marzo por la Cámara de Diputados.
La opinión que planteaba emitir la comisión es sin carácter vinculatorio y tampoco forma parte del proceso formal de dictamen.
Anunciaron que el 4 de abril realizarán un foro para analizar el avance que se tiene para la implementación de las reformas en materia de combate a la corrupción, y los pendientes en materia legislativa.
Finalmente, acordaron invitar a una reunión de trabajo a las titulares de las secretarías de Bienestar y de la Función Pública, y a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, en fecha por definir.
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