Japay asignó obra de manera irregular
Mérida Yucatán a 04 de marzo de 2021.- La pandemia, la construcción de obras públicas asignadas al ejército y a los comités de padres de familia de escuelas públicas, la eliminación del ramo 23, y el favoritismo a constructoras allegadas o vinculadas a funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno, han empeorado la situación económica de miles de empresas de la industria de la construcción en México.
Ante esta la situación, los dirigentes nacional y local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) Ricardo García de León Coria y Jorge Alberto Villalobos Herrera manifestaron su respaldo a sus agremiados para denunciar este tipo de irregularidades que prevalecen en el sector público.
Expusieron que, en el caso de Yucatán, luego de varios meses de litigio ante las autoridades competentes, se demostró que funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) incurrieron en diversas irregularidades en la asignación de una obra pública.
Fueron los representantes de la empresa Alta Tensión Cimentación y Caminos ALCICA, SA de CV los que presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el pasado 16 de diciembre del 2019 una demanda por irregularidades en el proceso de licitación y asignación de una obra pública por parte de la Japay, y fue el pasado 25 de enero del 2021 que esa dependencia federal consideró la “demanda de inconformidad debidamente fundada”, por lo que esa autoridad ordenó a la dependencia yucateca, reponer el proceso de asignación de la obra.
Sin embargo, esto fue imposible porque aun conociendo la existencia del proceso legal de inconformidad los funcionarios de la Japay lo ignoraron y ejecutaron la obra.
Los dirigentes de la AMIC dijeron que son muy pocos los empresarios constructores que se atreven a inconformarse por miedo a represalias. Sin embargo, ante el creciente aumento de anomalías por parte de los funcionarios públicos en la asignación de obras han diseñado una estrategia de asesoría y acompañamiento de sus socios a fin de que estos casos no queden impunes.
Ante esta situación, pidieron la intervención del gobernador Mauricio Vila a fin de poner un alto a estas prácticas que no solo afectan a los empresarios constructores, sino que también incurren en uso indebido de sus funciones como servidores públicos.
“Creemos que el gobernador no está enterado de éstas y otras acciones que llevan a cabo algunos de sus funcionarios, por eso hacemos público este llamado para que tome cartas en el asunto y ponga un alto a estas conductas” puntualizaron.
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