Luego de un empate en la votación sobre el procedimiento de discusión para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, acordaron irse a receso para reunirse el próximo lunes, a las 8:30 horas.
Tras la discusión casi de dos horas, los senadores analizaron el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en la que además de expedir esta nueva ley se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
Con apoyo de los senadores de Morena, Ifigenia Martínez, Salomón Jara Cruz y Félix Salgado Macedonio, las legisladoras del PAN y PRI lograron llevar la votación del dictamen para el próximo lunes, día en que reinicia el segundo periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República.
Durante la discusión, las propuestas de modificación de los senadores del PAN, PRI y PRD sobre el dictamen se centraron en los artículos 8 fracción III; 23; 25; 26 y en el nombre de la ley.
La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, propuso que la fracción III del artículo 8 de la Ley de Austeridad asegure recursos para la salud, educación y seguridad nacional, pues son temas prioritarios que no deben ser afectados por recortes en el gasto.
En lo que refiere al artículo 23 de la misma ley, el senador del PAN, Juan Moya Clemente, consideró que no se debe retirar los seguros de gastos médicos privados a los ex presidentes, no así las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, regímenes de separación individualizada o colectiva, las cuales ya se prohíben en este mismo apartado.
Las senadoras del PAN, Minerva Hernández Ramos; Vanessa Rubio Márquez, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD, señalaron que prohibir que una persona se emplee, hasta por cinco años, en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información en el ejercicio de su cargo, afectaría a muchos servidores especializados.
La senadora Vanessa Rubio Márquez manifestó que dejar así el artículo 25 de la ley, pondría en riesgo a 1.4 millones de trabajadores. Además, no precisa que se sancione a quien tenga “información privilegiada”, con lo que cualquier persona en el servicio público entraría en el supuesto que ahora establece el dictamen.
La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, propuso modificar el nombre de la ley y retirar el calificativo de “Republicana”, pues “es mera propaganda”. Las leyes únicamente deben contener lo que regulan, sin incluir ningún calificativo, reiteró.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, reconoció que si bien la minuta no alcanza el respaldo de todas las fuerzas políticas, sí plasma el espíritu y el sentimiento del texto para hacer un uso eficiente de los recursos públicos.
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