No es posible entender el resultado del 1 de julio de 2018 sin el hartazgo que los mexicanos sentían contra los excesos de los regímenes anteriores. Entre muchas otras cosas el desprecio a la corrupción y a la impunidad tan descarada que vulneraba ya principios de democracia y desarrollo.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador bajo ese contexto fue contundente. Atrás ya había quedado los señalamientos negativos y las descalificaciones. Se abría al parecer un nuevo horizonte con un discurso esperanzador, pero sobre todo transformador hacia un cambio de régimen de promovería buenas prácticas de gobierno, desterrando la corrupción y la impunidad. Lo que han bautizado como la «Cuarta transformación».
Sin embargo, hay elementos a más de un año del gobierno muy objetivos y evidentes en los hechos que nos demuestran que las intenciones quedaron en palabras huecas y sin sentido real.
A lo largo de este tiempo se han dado muchas expresiones para exponer los supuestos graves daños que los gobiernos pasados cometieron contra el patrimonio de los mexicanos. Hasta se creó una institución del estado que lleva como nombre el «Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado». Si hay que regresar algo al pueblo, en el sentido del nombre hay una connotación de haberse constituido un delito.
El gran problema, es que durante el tiempo de la administración lopezobradorista no ha existido ningún proceso que culmine con una sanción jurídica, conforme los lineamientos legales en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
Inclusive el presidente expresó en un momento pasado que sometería a consulta popular si el pueblo quiere o no que se castigue y se meta a la cárcel a los corruptos de los sexenios pasados. ¿Es correcto someter los procesos de castigo judicial bajo los criterios del consentimiento popular?
Pero ese discurso enciende y alimenta a los grupos seguidores del régimen, pero lamentablemente no se dan cuenta del peligro que implica para una sociedad democrática.
Ya que bajo principio constitucional un gobierno no debe extralimitarse de las facultades que la ley determina.
El marco de Derechos Humanos que se encuentra en la parte dogmática de la Constitución donde se establecen éstos que los órganos del Estado deben respetar, es necesario destacar el PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Que otras palabras afirma que «todo individuo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario». Un principio fundamental en la sociedad democrática que aspira a ser más justa y respetuosa de la integridad moral de sus ciudadanos.
Luego entonces, se ha vertido muchas acusaciones contra diversas personas y hasta con instituciones del pasado, pero no hay castigos ni sanciones, mucho menos investigaciones a menos que se haga noticia de alguna pesquisa cuando al régimen actual le conviene usarlas como distractores para el análisis de la realidad.
No ha faltado en la actual administración señalamientos de hechos que contravienen una práctica de gobierno honesta y proba que tampoco han sido debidamente investigadas y cuando así ha pasado hay excusas que rayan en explicaciones absurdas a la inteligencia y comprensión media.
Si el gobierno conoce y tiene la seguridad de que hay delitos, entonces que fundamente y motive sus acusaciones y someta al proceso administrativo o judicial a los presuntos responsables.
Que se cumpla, por congruencia, la promesa de no permitir la corrupción, ni el pasado ni en la actualidad.
Que el compromiso sea serio y contundente con acciones, no solo con palabras convenientes en un contexto político donde es más necesario distraer que construir una sociedad más justa y respetuosa de la legalidad, de la Constitución y respeto a los Derechos Humanos.