La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, anunció durante su comparecencia ante diputados de los diversos grupos parlamentarios, que la dependencia a su cargo “usará los medios legales a su alcance para evitar que el pronunciamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación sobre el caso Odebrecht le impida llegar a las últimas consecuencias”.
Explicó que la semana pasada ese órgano judicial concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para que la SFP no emita las resoluciones sobre tres de los ocho procedimientos administrativos sancionatorios por irregularidades en contratos celebrados con la empresa brasileña, que la SFP ya tenía listos.
Precisó que los ocho procedimientos se derivaron de una auditoría transversal en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que permitió identificar contratos celebrados entre instituciones y Odebrecht, así como sus 21 filiales.
Se han detectado nuevos hallazgos respecto al caso, lo que dará lugar a nuevos procedimientos, aseguró en su comparecencia, como parte del análisis de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, ante diputados de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción.
La funcionaria dijo que un caso que ha indignado y cuestionado el trabajo del gobierno es el de Odebrech. Resaltó que “México sería el primer país en el que una autoridad administrativa emitiría un pronunciamiento respecto a la empresa brasileña, ya que los resultados conocidos hasta ahora corresponden a las actuaciones del Ministerio Público”.
Respecto a los sismos del 7 y 19 de septiembre, la funcionaria aclaró que la SFP atenderá las enuncias que pudieran surgir ante cualquier manejo irregular de los recursos públicos federales asignados para la atención de los recientes desastres naturales.
Precisó que entre las líneas de acción del gobierno federal, se realiza la inspección y vigilancia de los recursos públicos federales asignados para la reconstrucción con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), entre otros.
En su intervención, la titular de la SFP abundó sobre los temas del “Paso Exprés”, lo relativo a las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y algunas universidades, así como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Respecto a la Ampliación del Libramiento de Cuernavaca conocido como “Paso Exprés”, “serán sancionados los responsables que las investigaciones determinen”. Señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene hasta el 17 de noviembre para aclarar las 22 observaciones, por un monto de mil 34 millones de pesos.
Resaltó que se determinaron 4 contratos muestra, de los cuales se derivaron 22 observaciones y la SCT dispone de 45 días para “poder comprobar lo que tengan para comprobar”. Aclaró que el vencimiento era el 13 de noviembre pero se prolongó debido a los sismos.
En lo relativo a las contrataciones y subcontrataciones entre entidades de la Administración Pública Federal y algunas universidades, sostuvo que instruyó a realizar recomendaciones en las instituciones para privilegiar las licitaciones públicas, por encima de la invitación restringida o la adjudicación directa, y no abusar de la contratación con universidades sin apego a la normatividad.
Como resultado de estas acciones, continuó, se redujeron los montos de 12 mil 905 millones de pesos a 95 millones, y los contratos de mil 458 en 2014, a tan solo 105 en lo que va del presente año. Al día de hoy, se sancionó a tres servidores públicos, nueve se encuentran sujetos a procedimiento administrativo y 44 están siendo investigados.
Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comentó que se encuentra ya en marcha, con la aprobación de gran parte de su marco normativo, donde la mayoría de sus leyes ya entraron en vigor.
Recalcó que como parte del SNA se dio inicio formal del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual “representa un modelo innovador y dinámico para la fiscalización de recursos públicos, que no tiene precedentes en México y pronto comenzará a dar resultados”.
En lo que refiere a las recuperaciones derivadas de sanciones impuestas por los Órganos de Control Interno y las Unidades de Responsabilidades, dijo que ascienden a casi mil 400 millones de pesos, durante el periodo del ejercicio de 2016-2017.
En cuanto al Sistema de Compras Públicas del Gobierno Federal denominado CompraNet, se emitió un acuerdo para la inclusión de la información del ciclo de contrataciones públicas. Al momento, se encuentran habilitados en dicho sistema 233 mil 235 personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que participan de forma electrónica en los procedimientos de contratación pública.
Mencionó que de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corrupción se considera uno de los tres problemas que más preocupa a las y los mexicanos.
De igual forma, un reporte publicado por Transparencia Internacional, señala que nuestro país tiene el índice de percepción de la corrupción más alto de América Latina y el Caribe, por lo que “la corrupción y la impunidad han dañado la confianza plena entre gobierno y sociedad”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas (PRD), sostuvo que la Secretaría de la Función Pública, como responsable del control interno de la administración pública federal, “tiene grandes retos en materia de combate a la corrupción”.
La SFP es fundamental en los mecanismos de prevención de la corrupción en la administración pública, por lo que sus acciones instrumentadas a partir del inicio de operación del SNA serán de gran valor.
Su participación en él es, sin duda, un avance significativo en la labor, que de forma coordinada con diversos actores deberá implementarse a través de políticas públicas integrales en las cuales la Función Pública será un actor de suma importancia para prevenir la corrupción, insistió.
Hizo un llamado a crear una “gran alianza positiva”, donde a través del mecanismo de gobernanza se lleve a cabo una cultura de legalidad y honestidad, y “donde todos asumamos nuestras responsabilidades y en conjunto revertir el abuso del poder que afecta la vida democrática de nuestro país”.
Al iniciar la primera ronda de preguntas, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) señaló que en muchos países ya fueron sancionados los funcionarios relacionados con el caso Odebrecht, por lo que cuestionó qué falta para lograr eso aquí. También comentó que existe sospechosismo sobre la corrupción porque hay muchos funcionarios que no son juzgados; por ello, preguntó cuántos han sancionado, de qué nivel jerárquico y cómo se ha coordinado la SFP con otras dependencias para mejorar el sistema de control.
De MC, la diputada Claudia Corichi García enfatizó que en las últimas dos décadas, el costo de la corrupción pasó de los 672 mil millones de pesos en 2000 a más de 2 billones en 2016. Hoy, nueve de cada 10 ciudadanos consideran que uno de los principales problemas de este país es la corrupción. Ante ello, inquirió sobre las denuncias respecto a las triangulaciones que se han dado a través de universidades públicas y secretarías de Estado. Además, expresó su inquietud por conocer los resultados respecto al socavón.
En tanto, la diputada Sharon Cuenca Ayala (PVEM) resaltó que el SNA arranca sin estar completo, ya que no se tiene la Fiscalía Especializada para Combatir los Delitos de la Corrupción, ni los magistrados que se plantearon en ese diseño, por lo que consideró que no está operando bien. “Cómo considera que la ciudadanía puede confiar en que este sistema vaya a funcionar y dé resultados, si desde origen no arrancó como se había diseñado”.
El diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena) estimó que “Odebrecht es un caso emblemático de corrupción en América Latina”, y mientras en otros países hay funcionarios en investigación, “en México abunda el cinismo”. Por ello, cuestionó si la SFP está encubriendo a alguien, cuáles son las investigaciones que se realizan y por qué no se ha procedido.
Por su parte, el diputado Agustín Basave Benítez (PRD) subrayó que se ha demostrado con pruebas que “Odebrecht corrompió a muchísimos gobiernos en el mundo y hay muchos funcionarios en la cárcel en otros países”. Preguntó a la secretaria si coincide en que debe revelarse a la sociedad, y no solamente al interior del gobierno federal, qué es lo que se ha encontrado al respecto y si puede haber credibilidad en México.
Por el PAN, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera refirió que en la Cuenta Pública del 2013 se detectó que el gobierno federal estaba utilizando las universidades públicas de diferentes estados para triangular recursos, entre ellas la UAEM, donde se utilizaron 700 millones de pesos en empresas para asesoría. “Esto es lo que todos conocemos como “La Estafa Maestra”. Cuestionó en qué etapa va el procedimiento y si hay denuncias penales.
El diputado José Luis Toledo Medina (PRI) inquirió cómo construir acciones preventivas que se implementen a través de la Función Pública para garantizar que la integridad de las contrataciones públicas del nuevo aeropuerto o de cualquier gobierno, se hagan con apego a la ley y en total transparencia.
La titular de la SFP precisó que el SNA se está implementando y se tiene que fortalecer. En la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR existe un área que investiga a los servidores públicos que han cometido actos de corrupción y cuando se nombre al Fiscal Nacional Anticorrupción todos esos temas se le pasarán, y esa instancia que es la Unidad de Servidores Públicos quedará sin materia.
Respecto a los magistrados, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está funcionando y cualquier otro magistrado de sala superior podrá resolver el asunto; hay salas que se han puesto como auxiliares para atender los temas mientras se hacen estas designaciones, sostuvo.
En cuanto a los funcionarios sancionados, explicó que en lo que va de la presente administración se han investigado 24 denuncias en contra de secretarios de Estado; 33 contra subsecretarios, y mil 745 a directores generales de la administración pública federal. Quedan en investigación 14 por ciento; 55 por ciento, concluyeron por archivo y en el 30 por ciento se inició un procedimiento administrativo correspondiente.
Informó que en la SFP se tiene el registro de servidores públicos sancionados, a través del cual los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades y otras autoridades competentes inscriben y actualizan las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos, con la finalidad de evitar la selección, contratación, nombramiento o designación de personas que se encuentren inhabilitadas y proporcionar antecedentes.
En este registro, agregó, durante el periodo que corresponde a esta Glosa se obtuvieron: 10 mil 48 sanciones administrativas, en las cuales estuvieron involucrados siete mil 647 servidores públicos de la administración pública federal. Afirmó que la cantidad de sanciones impuestas ha presentado un decremento con relación al anterior informe.
Respecto al “Paso Exprés”, detalló que la SFP actuó de inmediato y se logró detectar cuáles eran las faltas o lo que conducía a una presunta responsabilidad de los servidores públicos en la omisión por atender advertencias de riesgos de la obra. En este momento se está en una etapa de desahogo de pruebas.
En procedimientos administrativos disciplinarios, indicó, a tres funcionarios públicos que no incorporaron en el sistema Compranet el proyecto ejecutivo de la obra, ya se les citó a audiencia. También se inició lo mismo en el órgano interno de control, en Conagua, ya que un servidor omitió contestar en breve una opinión que le hizo la SCT.
En cuanto al tema de investigación, añadió, hay ocho expedientes, de los cuales dos se iniciaron con base en dos mociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que remitió la ASF, donde se preveía la posible comisión de irregularidades administrativas. También se tiene una iniciada en Banobras para conocer la contratación del proyecto ejecutivo y una auditoría en el órgano interno de control de la SCT.
La funcionaria negó que la SFP encubra a algún servidor público en el tema del caso de Odebrecht. Señaló que la diferencia con otros países, es la competencia de autoridades en los contratos celebrados, ya que para la SFP la ley otorga enfocarse en las irregularidades administrativas, es decir, las que sean cometidas por servidores públicos o por las empresas.
Resaltó que la corrupción viene de varias décadas, “simple y sencillamente es que ahorita gracias a las redes sociales, a todas las tecnologías nuevas nos damos más cuenta porque en un segundo se difumina todo y esto es benéfico para la sociedad”.
En el tema de “La Estafa Maestra”, precisó que se han tomado acciones preventivas y desde noviembre del año pasado se han bajado las contrataciones a universidades públicas. Los titulares de órganos internos de control tienen la obligación de que en sus comités no se subcontrate más del 49 por ciento. Sostuvo que durante este año únicamente se tienen 105 contratos a las universidades, los cuales son auditados.
Sobre las “empresas fantasmas” dijo que este tema se analiza y se ha hecho un gran trabajo con el SAT y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comentó que eran 158 las que se podían ver como “fantasmas” y al día de hoy únicamente 61 no encuadran en los supuestos para ser consideradas así; las demás están siendo analizadas”.
Gómez González aseveró que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México trabaja bajo el esquema de contrataciones abiertas de Contracting Five, y tiene 298 contratos publicados en la página de internet. “Nosotros le estamos dando acompañamiento al aeropuerto junto con la OCDE”.