El presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, diputado Juan Romero Tenorio (Morena), afirmó que es necesario establecer mecanismos que faciliten al ciudadano monitorear, vigilar y denunciar el uso indebido de recursos públicos y los programas sociales.
“Las prácticas de inhibir recursos públicos tienen que ser revisadas. Tendremos que robustecer, con base en la experiencia, estos procesos locales. Debemos saber qué mecanismos hay que implementar dentro de la ley general para garantizar la separación del recurso público en procesos electorales”, sostuvo.
Al inaugurar en San Lázaro el foro “Marco Normativo para el Blindaje de Programas Sociales y Recursos Públicos en los Procesos Electorales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, el legislador subrayó que de no crear una norma amplia, se seguirá careciendo de mecanismos sencillos para que el ciudadano contribuya a una cultura de democracia, legalidad y rendición de cuentas.
Explicó que este foro tiene como objetivo evaluar las leyes respectivas y decidir qué modificaciones serán necesarias rumbo al 2018, para contar con elementos que favorezcan el combate de recursos públicos en los procesos electorales.
“Tenemos mucha tarea pendiente. De estas mesas se están derivando líneas para abordar propuestas de modificación, que estarán condicionadas a los tiempos legislativos”.
El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que el blindaje de los recursos públicos en los procesos electorales no debe verse como una medida coyuntural, sino como una estrategia estructural pensada en principios de legalidad y control, en el sentido de prevención y detección de irregularidades.
“En esta materia no pueden improvisarse sino convertirse en un elemento fundamental del proceso de rendición de cuentas”, enfatizó.
Mencionó que a través de la fiscalización superior de las últimas cuentas públicas ha sido posible identificar las principales problemáticas que presentan los diferentes sistemas de información que utilizan las instancias responsables del desarrollo social.
Entre ellas, anomalías en la distribución de los fondos públicos como duplicidades, beneficiarios que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, grupos excluidos, apoyos entregados en regiones geográficas o periodos que no corresponden con las reglas de operación, entre otras.
Desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 la ASF, afirmó, ha advertido de la existencia de debilidades de los padrones de beneficiarios, categorizadas como áreas de riesgo; se ha observado la inexistencia de un control inadecuado de los registros, lo cual se ha traducido en una falta de certeza sobre quién recibe los recursos de los programas, situación que “sin duda puede favorecer que los mismos sean destinados a familias o individuos distintos a los que prevén las reglas de operación”.
También se ha mostrado que no se han establecido los procesos necesarios para garantizar que la información que se captura es fidedigna, lo que da lugar a la duplicidad de los apoyos. Además, externó que en las entidades federativas no se han desarrollado las capacidades institucionales para conformar mecanismos de control de beneficiarios y porque la estructura de datos no admite la interconexión entre las distintas bases de información a nivel federal y estatal.
Portal Martínez resaltó que se ha detectado que las áreas responsables de las políticas no cuentan con prácticas para garantizar la seguridad de la información y persisten importantes brechas en cuento a la adopción de tecnologías de la información, lo cual favorecía la integración de los diversos sistemas de beneficiarios del país.
En ese sentido, apuntó, se ha advertido la necesidad de identificar las duplicidades y omisiones de datos, llevar a cabo una focalización exacta de las regiones como unidades y beneficiarios que más necesitan la atención gubernamental.
Dijo que debe mejorarse la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos; incentivar el cumplimiento de los objetivos de las políticas distributivas y proporcionar información estratégica para analizar y monitorear sus resultados periódicamente; elaborar un lineamiento único para el registro de información; contar con una metodología para la identificación de los beneficiarios; prever incluir la CURP y RFC, así como fortalecer la política de padrones.
“Es necesario seguir avanzando en la conformación de un nuevo ambiente de control a nivel nacional que permita combatir los espacios de opacidad que han facilitado que diversos actores saquen provecho de las necesidades de la sociedad. Para ello, es fundamental promover el establecimiento de sistemas de control interno en todas las entidades públicas, con el objeto de prevenir la materialización de riesgos que originen el desvío de recursos para fines electorales”, apuntó.
Salvador Sandoval Silva, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que la figura de la contraloría social, impulsada por esta dependencia es el medio idóneo para permitir la participación ciudadana en la vigilancia de la aplicación de recursos públicos durante la ejecución de programas federales y que no se utilicen para fines electorales.
Resaltó que la participación ciudadana, acompañada de las acciones de carácter institucional, coadyuva a lograr procesos electorales transparentes y equitativos. “Existe un compromiso por parte de la SFP para fomentar y apoyar acciones de blindaje electoral en el marco de sus atribuciones, con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura democrática en el país”, puntualizó.
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, indicó que el blindaje de programas sociales durante procesos electorales es un reto que involucra a las instituciones y sociedad civil. El combate a la corrupción, blindaje de apoyos, y el uso de recursos ilícitos están interrelacionados y pasan necesariamente por la labor de los organismos electorales.
“Nos hemos esmerado para que los programas no sean usados con fines distintos al desarrollo social, incluso, algunos usos distintos han sido tipificados y se persiguen como delitos. En el IEEM estamos comprometidos con esa visión y, reitero, la información es lo que nos permitirá reducir el mal uso de los recursos públicos en procesos electorales”.
El Congreso de la Unión ha aportado mucho en esta materia y un ejemplo es la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, es tarea de todos aprovechar ese andamiaje legal para hacer vigente la transparencia.
Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló: el mal uso de recursos públicos, corrupción, así perversión y utilización política del gasto público y los programas sociales, han causado “el divorcio entre representantes y representados”.
Debe trabajarse para recordarle a las instituciones y autoridades su obligación de actuar antes estas prácticas que constituyen delitos electorales, porque aún les falta voluntad para combatirlos. “Analistas y medios de comunicación han documentado que frecuentemente se solicita la credencial de elector de los ciudadanos para recibir el servicio gubernamental correspondiente o una dádiva”.
Del Laboratorio de Políticas Públicas ETHOS, Liliana Alvarado indicó que se requiere reducir el contacto entre funcionarios públicos y funcionarios a fin de bajarle a la corrupción; es necesario fortalecer los trámites electrónicos, lo que ya han comenzado a realizar instituciones como ISSSTE y SAT.
Respecto a la corrupción de funcionarios públicos, Alvarado dijo que además de reforzar los controles aplicados, hay que fortalecer los incentivos, otorgar sueldos competitivos, aplicar exámenes para contratación, evaluaciones periódicas, y dotarlos de un esquema de jubilación adecuada, subrayando que sus funciones deben ser despolitizadas.
Al moderar la mesa “Mejores Prácticas para el Blindaje de los Programas Sociales en Procesos Electorales, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez (PRI), señaló que los legisladores tienen la intención de mejorar el sistema para garantizar a los ciudadanos, sistemas de elección transparente no solamente a la hora de votar sino durante todo el proceso electoral.
Jacqueline Peschard Mariscal, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sostuvo que no es nueva la preocupación por que los recursos de los programas sociales sean destinados para fines electorales; esto viene por lo menos desde el año 2000, donde surgieron dos grandes asuntos: el Pemexgate y los Amigos de Fox, “que evidenciaron como efectivamente había una utilización de recursos públicos que fluían de manera oculta para fines electorales”.
De acuerdo con un informe de la ASF, una de las zonas de riesgo más fuertes para la desviación de recursos es la dispersión de los padrones de beneficiarios, es importante que éstos estén integrados y no haya duplicidades. Es urgente tener blindajes para el ejercicio de los programas sociales porque ahí está uno de los sectores de nuestra población más vulnerables.
En el ámbito de la desviación de recursos para campañas electorales, a pesar de las facultades y atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) para fiscalizar, éstas son totalmente insuficientes, se requiere de inteligencia financiera para identificar dónde hay desvíos de recursos.
El comisionado para la Transparencia, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), David Garay Maldonado, destacó que el interés de la dependencia es “que las elecciones se lleven de manera imparcial y que si en un momento dado se judicializan y tienen que llegar a litigio, no sea por haber actuado indebidamente en la ejecución de los programas de desarrollo social”.
Se han implementado acciones de transparencia en Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, por lo que se instaló un comité de legalidad y transparencia del blindaje. En el periodo de restricción electoral, funcionarán los programas de Pensión para Adultos Mayores; Prospera, tiendas Liconsa y Diconsa; comedores comunitarios; estancias infantiles; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; seguro de vida para jefas de familia; Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y los consejos de CONADIS, IMJUVE e INAPAM.
Dejarán de operar de manera regular y suspenderán la entrega de recursos –ya que no se encuentra establecido de manera anticipada el lugar de la entrega y que sus padrones están sujetos a convocatoria eventual- los programas de Coinversión Social, de Empleo Temporal, Fomento a Economía Social, Operaciones Productivas y 3X1 para migrantes.