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Urgen en el Senado avanzar en el tema de seguridad interior

 

Es necesario avanzar en el tema de la seguridad interior para regular la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, consideró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, al reconocer que las corporaciones policiacas tienen un grave problema en su estructura y, en la mayoría de los casos, registran una deficiente actuación. 

Durante el Conversatorio sobre seguridad pública y derechos humanos, insistió en que los militares no tienen que hacer las tareas de la policía, sino que deben de estar en sus cuárteles, por lo que ve necesario regular la actuación de las fuerzas armadas con la Ley de Seguridad Interior. 

Señaló que es importante que se fortalezcan las corporaciones policiacas, para lograr que la sociedad se sienta segura y se garantice tranquilidad, paz, y, sobre todo, que quienes cometen delitos sean llevados ante las autoridades. 

La profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas(CIDE), Catalina Pérez Correa González, dijo que lo que tenemos es una situación de emergencia, pues las fuerzas armadas hoy realizan funciones que no le son propias. 

La académica y politóloga, Denise Dresser Guerra, aseguró que el Ejército no está entrenado para enfrentarse a civiles en las calles y llevar a cabo las tareas que le competen a las policías y a las autoridades judiciales, qué es investigar y resguardar una zona para que no vuelva a ocurrir lo de Palmarito.  

El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre Espinosa, señaló que aprobar una Ley de Seguridad Interior incrementaría las violaciones a derechos humanos, porque se ha demostrado empíricamente que el despliegue militar, lejos de reducir la violencia, incrementa los riesgos de abusos. 

En el evento, también participaron José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) y Edgar Cortez Morales del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

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