POSICIONAMIENTO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE EN APEGO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA NO SE REDUZCAN LOS RECURSOS DEL ANEXO 13 «EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES», Y SEAN CONSIDERADOS COMO PROGRAMAS PRIORITARIOS, ESPECIALMENTE LOS QUE SE REFIEREN A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM)
Las circunstancias derivadas por el confinamiento causado por la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2, evidencia el incremento de la violencia de género en los últimos meses.
En el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación «Erogaciones para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres», concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación, estableciendo además, en el último párrafo del artículo 58 de dicha ley, que:
«No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados».
Es de destacarse que el programa asignado para atender la AVGM se encuentra establecido en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación y los correspondientes en las entidades federativas y municipios, por lo que la asignación de recursos etiquetados a programas y acciones que benefician a las niñas y mujeres está garantizada por nuestro marco normativo, los cuales no pueden ser recortados ni utilizados para un fin distinto.
Desde que fue declarada la cuarentena el pasado mes de marzo, se denunció que el confinamiento genera condiciones para que la violencia de género se incremente de manera alarmante, ya que el aislamiento produce una limitación de la movilidad que aumenta sustancialmente la violencia contra las mujeres y contribuye a la impunidad por parte de los agresores, incrementando las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia que se ejerce en su contra.
Los datos recabados por diversas organizaciones dedicadas a erradicar la violencia de género confirman el incremento de ésta durante los meses de la cuarentena, expuestos en el aumento significativo de número de llamadas de auxilio a los servicios de emergencia y las cifras de homicidios dolosos adicionados a los feminicidios. En definitiva, el confinamiento ha atrapado a las mujeres en un círculo de violencia que aparece actualmente como un flagelo imparable.
Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se revela que en los últimos cinco años las cifras de presuntos delitos de feminicidios se han incrementado en 139.17%; en 2015 se contabilizaron 411 y en 2019, sumaban 983. De enero a mayo de este año el número es de 375 casos.
En lo que se refiere a los datos sobre presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos el incremento de 2015 a 2019 es de 62.65%; en 2015 se tiene el registro de 1735 y en el año 2019 existieron 2822. En el periodo enero a mayo de 2020 la cifra es de 1233 muertes.
De esta manera, en 5 años los presuntos delitos de feminicidio y presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso se han incrementado un 77.3%, sumando de enero mayo de 2020, 1608 casos.
Por ello, resulta preocupante y grave que ante las circunstancias que viven millones de niñas y mujeres en nuestro país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) retire el subsidio federal asignado para la Alerta de Violencia de Género (AVGM), a los estados de Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y Estado de México, con lo cual estas entidades se quedarán sin recursos para operar los planes y acciones comprometidas para erradicar dicha violencia.
El recorte fue hecho por el Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales para las AVGM en estados y municipios, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), luego de que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB ajustó la partida 43801 relativa a «Subsidios a entidades federativas y municipios», para los siete estados citados.
Esta información consta en el oficio de fecha 29 de junio de 2020, suscrito por la ex Comisionada María Candelaria Ochoa Ávalos, y enviado al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el cual se hizo público.
El ajuste se ampara bajo el argumento de que la ley establece que «el otorgamiento del subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la CONAVIM para el ejercicio fiscal 2020» y que, «La transferencia del Subsidio que el Comité asigne a las entidades federativas está sujeta a la disponibilidad de recursos en términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que la CONAVIM no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación del monto aprobado, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a Gobernación».
Esto no quiere decir que las referidas entidades ya no estén obligadas a operar las Alertas, pues cada gobierno a nivel estatal y municipal debe destinar parte de su presupuesto para implementar estos mecanismos, sin embargo, eliminar los citados subsidios tendrá un impacto en la capacidad para atender y disminuir la violencia de género, que como hemos señalado, es no solo importante sino urgente; miles de vidas están en riesgo.
Es entendible la necesidad de utilizar recursos para atender los efectos derivados de la emergencia sanitaria, sobre todo en el ramo económico y de salud, sin embargo, manifestamos que en cuanto a la atención de la violencia contra las mujeres, esa política pública debe replantearse, ya que se deja en estado de indefensión a miles de mujeres que se encuentran en entidades donde la violencia de género se ha «normalizado» y ello poco contribuye a erradicar el gran flagelo que, insistimos, debe convocar cada esfuerzo del Estado y la sociedad mexicana para su erradicación.
También resulta preocupante la comunicación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el sentido de posponer la publicación de resultados de las Convocatorias del Programa de Derechos Indígenas, que incluyen acciones como la implementación y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afro mexicanos; el fortalecimiento para el Ejercicio de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afro mexicanas en todas sus etapas de vida y condiciones de vulnerabilidad, entre otros.
Por ello, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que en apego a las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no se reduzcan los recursos del Anexo 13 «Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres», y sean considerados como programas prioritarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
PAN
Dip. Verónica Juárez Piña
Coordinadora del Grupo Parlamentario del
PRD
Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala
Coordinadora de la Subcomisión para la Atención de los Feminicidios
MORENA
Dip. Martha Tagle Martínez
Movimiento Ciudadano
Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez
PRI
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