Palabras pronunciadas por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Dr. en Derecho Marcos Celis Quintal y del Mag. Santiago Altamirano en la ceremonia de develación de la placa por el X Aniversario del Sistema para Adolescentes realizada esta mañana en las instalaciones de los juzgados del Poder Judicial del Estado, especializados en justicia para niños y adolescentes.
BUENOS DIAS,
Un día como hoy de hace diez años entró en vigor en el Estado, el decreto número 715 el cual contiene la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, con el cual se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 constitucional; artículo que fue reformado en el año 2005, y que establece la obligación de crear un SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
Esta reforma constitucional implicó reconocer el derecho al debido proceso a los adolescentes acusados de cometer delitos. Así como la creación de un programa normativo de respuestas concretas para abordar estos casos, dirigido a prevenir y controlar la delincuencia juvenil y a apoyar a quienes están inmersos en ella.
Con la publicación de esta reforma se genera un cambio radical en relación con el sistema de menores infractores que se había operado en México desde principios del siglo XX
Es de resaltar que esta reforma constitucional nace de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de las Naciones Unidas, en regiones como América Latina, y específicamente en México, que con la ratificación de este instrumento internacional obligó a la construcción de un nuevo modelo de justicia para personas menores de 18 años de edad que se encuentren en conflicto con la ley penal.
La vigencia de la CDN en el territorio nacional determinó la exigencia de dejar atrás el antiguo modelo previsto para el tratamiento de menores infractores, que se basaba en un esquema de corte tutelar.
Ahora bien, el Estado de Yucatán cumple con lo ordenado en la reforma constitucional a través de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán publicada en el 2007 –motivo que hoy nos reúne-.
Con esta ley estatal, se comienza a corregir el modelo tutelar, e inicia el camino para velar los Derechos Humanos de los Adolescentes, que se encuentren inmersos en posibles delitos.
Pero como en todo Sistema es necesario su perfeccionamiento, proceso del cual surgió en el 2012 la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, publicada el 21 de octubre de 2011, la cual abroga la Ley del 2007.
Con esta ley se buscó la protección integral de los derechos de la infancia, así como la flexibilización, especialidad y reincorporación social, familiar y cultural, que un menor requiere para lograr un adecuado desarrollo en la sociedad.
Hoy en día contamos con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual deriva de la reforma al artículo 8 y 73 fracción XXI constitucional, los cuales establecen, que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral y, otorgan al Congreso de la Unión la facultad para legislar en esta materia, en el orden federal y de fuero común.
Con esta ley de carácter federal se homologan las medidas de internamiento, se establecen las bases del principio de especialización del Sistema Integral y el procedimiento penal se hace acorde al Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.
La concepción de los adolescentes en nuestra sociedad es el punto principal que justifica la existencia de un sistema integral de justicia. Se trata de ajustar la realidad específica de los menores de edad a los procedimientos legales, estos no pueden ser juzgados como adultos y mucho menos, verlos desde la perspectiva de una situación irregular.
Prevenir, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de este grupo, que debido a su condición de persona en desarrollo se considera en condiciones de vulnerabilidad, es hoy una prioridad para el Poder Judicial del Estado.
Por ello, realizamos a través del Magistrado Santiago Altamirano múltiples eventos y pláticas en las que involucramos a los adolescentes, a fin de que conozcan el Sistema.
Durante estos años hemos especializado a los servidores judiciales que se encuentran inmersos en el Sistema, hemos capacitado mediante una alta competencia técnica a los jueces, secretarios, administradores, proyectistas para materializar los principios y disposiciones de los ordenamientos jurídicos.
Estamos conscientes que nuestro actuar jurisdiccional al momento de juzgar a un adolescente, es un punto decisivo en su vida como adulto. El darle un tratamiento adecuado, respetar sus derechos humanos, contar con medidas que nos permitan juzgar con perspectiva, puede ser la diferencia entre un adulto rehabilitado o un adulto que reincida en estas conductas delictivas.
Celebremos hoy estos diez años, años en los que se han luchado y se ha logrado defender y respetar los derechos humanos de los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley. El trabajo realizado es evidente, más no suficiente, continuaremos trabajando para que este grupo de la sociedad tenga acceso a una justicia de acuerdo a sus necesidades, ellos son el futuro inmediato de nuestro país.