El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, dio su respaldo a una iniciativa para actualizar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con los tratados y convenios internacionales que ha ratificado nuestro país, y garantizar los derechos humanos de quienes se acojan a estas figuras.
La senadora Gabriela Cuevas presentó la iniciativa con el respaldo del coordinador de su Grupo Parlamentario, el senador Manuel Bartlett Díaz, quien señaló que el gobierno mexicano no debe dejarse llevar a sistemas represivos, a cárceles para extranjeros y violar los derechos de los niños; “esta iniciativa nos permite poner en orden este problema”.
En conferencia de prensa, junto con los senadores Gabriela Cuevas Barron y Manuel Bartlett Díaz, del PT, Cordero Arroyo dijo que la iniciativa promueve la inclusión social, garantiza la igualdad de oportunidades y facilita la migración y la movilidad ordenada, que son metas de la Agenda.
Asentó que la reforma permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos 10 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de reducir la desigualdad, promover sociedades pacíficas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Consideró que existe una alta probabilidad de aprobar el proyecto en el Senado de la República, y enviarlo a la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones, pues se trata de una armonización de convenios y acuerdos internacionales, que México está obligado a respetar; “es parte de nuestro Estado de Derecho”.
“Para nosotros es importante avanzar, dejar esta Legislatura con este objetivo cumplido, de que actualizamos nuestro marco legal de manera que podamos cumplir con las metas de la Agenda 2030”,
La senadora Cuevas Barron explicó que el proyecto propone establecer el carácter excepcional de la detención migratoria. Es decir, si se carece del pasaporte, no se puede detener a menores de edad; y garantiza a los solicitantes de refugio el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional.
Pretende armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado, porque actualmente la Ley no lo reconoce plenamente, y la legislación tampoco está acorde con los tratados internacionales, señalaron.
También plantea sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria. Busca dar claridad a los términos: asilo, asilo político y asilado político, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados y la Declaración de Cartagena.
La reforma, agregó la legisladora, busca incorporar la protección de datos personales en la legislación. Es decir, el principio pro-persona, la perspectiva de género, la transparencia y el acceso al debido proceso.
Establece que el Estado mexicano debe priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional; en ningún caso las niñas, niños o adolescentes solicitantes, acompañados o no, serán sujetos a una medida privativa de la libertad.
Gabriela Cuevas detalló que, en 2014, dos mil 137 personas solicitaron asilo a México, cifra que se elevó para 2017 a 14 mil 596 solicitantes; en cuanto a refugiados, en 2014, 39.7 por ciento de quienes solicitaban este recurso recibió el reconocimiento de la condición de refugiado, y actualmente la tasa de reconocimiento se elevó a 63.1 por ciento.
En 2013, la mayoría de las personas que solicitaban asilo provenían de Honduras, El Salvador y Cuba; para 2016, las solicitudes fueron realizadas por ciudadanos de Honduras, Venezuela y El Salvador.