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Senado otorga carácter prioritario a la prevención de embarazos de adolescentes

El Senado de la República otorgó carácter prioritario las acciones de anticoncepción realizadas por las instituciones del Sistema Nacional de Salud, particularmente en la prevención del embarazo en adolescentes y en mujeres con alto riesgo obstétrico. 

Al aprobar una reforma al artículo 67 de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar y prevención de embarazo en adolescentes, se establece que las instituciones médicas deberán difundir información sobre los graves riesgos para la vida de la mujer y el bebé, cuando el embarazo se presente antes de los veinte o después de los treinta y cinco años de edad. 

De igual forma, se informará respecto a la idoneidad del tiempo de espera entre un embarazo y otro, y la elección del número de hijos, mediante la información anticonceptiva correcta, oportuna, eficaz y completa. 

El presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito, apuntó que México ocupa el primer lugar de embarazos entre mujeres de 15 a 19 años en América Latina, derivado de que 40 por ciento de los jóvenes no utiliza métodos anticonceptivos, por diversas causas. 

Al adelantar la responsabilidad de tener hijos, tanto mujeres y hombres en dicho rango de edad, se ven obligados abandonar los estudios y realizar trabajos para los que no están preparados, por lo que en su mayoría  se encuentran en situación de pobreza. 

La presienta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, subrayó por su parte que dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México registra la tasa más alta de embarazos de adolescentes, con un promedio mil 252 partos diarios, es decir, “cada minuto una joven se convierte en mamá”. 

Lo anterior es de gravedad, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte materna infantil, a nivel mundial.  En México, “70 mil chicas mueren al año por esta causa, cifra inaceptable, por la que urge actuar”. 

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, afirmó que el aumento de embarazos adolescentes se debe principalmente a la falta de orientación. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destaca en la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, que en el país ocurren 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

El senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del PRD, estableció que brindar mayor orientación a los adolescentes sobre la vida sexual, es un tema donde no hay cabida para “los colores, ni asuntos particulares de grupo, es importante que todos nos sumemos a este dictamen”. 

Se pronunció a favor de que la prevención del embarazo adolescente sea responsabilidad de la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades educativas, a fin de que a través de talleres, conferencias y asignaturas, se ofrezca la información que requieren los jóvenes. 

El dictamen se aprobó con 76 votos a favor y fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 

Aprueba el Pleno que se sancione con cárcel la falsificación de certificados de nacimiento o defunción 

El Pleno aprobó un dictamen que reforma el artículo 389 y adiciona el artículo 470 Bis de la Ley General de Salud, a fin de hacer obligatoria la expedición gratuita de certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal. 

Además, la reforma incluye sancionar con penas de prisión, de cuatro a ocho años, y con multas por un monto de 200 a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), por el uso indebido o alteración de dichos documentos. 

En caso de que la alteración de certificados la realice un profesional de salud, servidor público o personas autorizadas para su expedición, la pena aumentará hasta en una mitad más, precisó el senador López Brito. 

La senadora Díaz Salazar explicó que estas modificaciones son necesarias porque “la delincuencia organizada utiliza métodos diferentes a la violencia, al valerse de las nuevas tecnologías para el robo de identidad a partir de la falsificación y manipulación de documentos, entre los cuales destacan los certificados”. 

El dictamen se aprobó con 79 votos a favor, y fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.