home Perspectiva de género Segob debe presentar un informe sobre el cumplimiento de las sentencias de la CIDH por violencia contra mujeres

Segob debe presentar un informe sobre el cumplimiento de las sentencias de la CIDH por violencia contra mujeres

El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob)  un informe respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México,  en materia de violencia contra las mujeres y tortura sexual.

El dictamen refiere que el organismo internacional  ha formulado ocho fallos contra el Estado mexicano, de los cuales destacan tres casos, relativos a tortura sexual: González  ("Campo Algodonero"), del 16 de noviembre de 2009;   Fernández Ortega, 30 de agosto de 2010;  y  Rosendo Cantú, 31 de agosto de 2010.

En el caso del "Campo Algodonero", referente a la desaparición y asesinato de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González, y Esmeralda Herrera Monreal, en Ciudad Juárez, en 2001, la CIDH declaró que el Estado violentó los derechos a la vida, integridad, libertad personal y de no discriminación, con relación a la obligación general de garantía; incumplió en su deber de investigar, transgredió los derechos de acceso a la justicia y protección judicial; y se transgredieron derechos de la infancia.

Respecto al caso Fernández Ortega, derivado de la violación sexual de  Inés Fernández Ortega, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, de  Tecoani, Guerrero, por parte de agentes militares, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal,  dignidad y vida privada, derechos a las garantías y protección  judiciales, entre otros.

En cuanto al caso Rosendo Cantú,  se responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual y tortura de la joven  Rosendo Cantú, mujer indígena perteneciente a la comunidad Me’phaa, Guerrero, que contaba con 17 años de edad, pues el organismo internacional encontró negligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos, y el incumplimiento de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia; se violaron además los derechos de la infancia.

El Senado solicitó también, en otro dictamen, que la Segob informe sobre los resultados del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, implementado a partir del año 2015, cuyo objetivo es proteger a la población  de la contaminación de insumos básicos como el agua; el despojo de propiedades y recursos naturales; incumplimiento de indemnizaciones; y abusos laborales, entre otros.

El dictamen subraya que el Estado tiene la obligación de establecer una normatividad idónea para garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto de las actividades de una empresa, ya sea privada o estatal.

Destaca de la violación de garantías  por empresas, las siguientes: Contaminación de las fuentes de agua de las comunidades vecinas por parte de una fábrica o una mina; desalojo de una comunidad sin las debidas garantías, consultas e indemnizaciones;  acaparamient o de tierras; daños ecológicos; situación precaria de las y los trabajadores contratados temporalmente;  falta de acceso a la seguridad social, salarios en un nivel por debajo de la canasta básica de alimentos, entre otros. 

Refiere que el 2 de septiembre de 2015, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores,  y de Economía, instalaron el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos para implementar la Estrategia 4.4 del Programa Nacional de Derechos Humanos,  con el objetivo de promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado a través de la realización de un Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

Los trabajos iniciaron en 2017, con el respaldo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID);  la Cooperación de la Unión Europea y el Instituto Danés de Derechos Humanos, realizándose diversos borradores.

El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México señaló inconsistencias en el proyecto de programa, pues carece de elementos firmes para garantizar que las empresas respetarán derechos y garantías de la población.

El Pleno del Senado aprobó en total 16 dictámenes con punto de acuerdo en materia de promoción y protección de garantías y derechos humanos.