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Se emite convocatoria pública para el proceso de elección de cuatro consejeros del INE

Se crea el Comité Técnico de Evaluación que analizará la documentación de aspirantes
La inscripción y registro será del 18 al 28 de febrero
 
La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria pública para el proceso de elección de las ciudadanas y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por 443 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, que se pidió publicar en el Diario Oficial de la Federación, define las etapas completas para el procedimiento, fechas límite y plazos improrrogables.

La inscripción y registro de las y los aspirantes será del 18 al 28 de febrero de 2020; la designación de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, el 26 de febrero, y su instalación, el 28 de febrero, a más tardar.

La fecha máxima para informar que la o el aspirante no presentó toda la documentación, es el 4 de marzo, y el plazo para atenderlo, el 6 de marzo; el acuerdo con los criterios específicos para la evaluación de las y los aspirantes, el 9 de marzo.

En tanto, la remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política, el 24 de marzo; remisión a la Mesa Directiva de las propuestas de las y de los aspirantes por parte de la Jucopo, el 30 de marzo.

Se prevé que la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados sea el 31 de marzo. En caso de que no alcance la votación de mayoría calificada de las dos terceras partes de las y los diputados presentes en el Pleno, se procederá al sistema de insaculación para la elección de cuatro consejeras o consejeros electoral en sesión plenaria el primero de abril.

Si no hubiera un acuerdo, entonces las listas, conformadas por el Comité Técnico de Evaluación se canalizarían al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí también por el método de insaculación se llegue a la conclusión del proceso, el 2 de abril.

 Intervenciones de los grupos parlamentarios

Sobre la convocatoria, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Mario Delgado Carrillo, enfatizó que es una gran oportunidad para fortalecer a esa institución y que lleguen perfiles sin filiación partidistas, con una profunda convicción democrática y que sea un honor servir a su país en esa tarea y que acepten vivir “en la justa medianía de los servidores públicos”. Resaltó que la convocatoria tiene características inéditas, como el compromiso con la paridad de género, y que se hará una evaluación técnica, objetiva y transparente.

 El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, destacó que la elección tiene que dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Algunas de las características de la convocatoria es que garantiza la paridad en todas sus fases; habrá un Comité Técnico de Evaluación independiente de partidos políticos y será con parlamento abierto.

 Tonatiuh Bravo Padilla, diputado coordinador de la fracción de MC, dijo que su bancada considera la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como un elemento fundamental de defensa del régimen democrático del país. El INE es un organismo totalmente reconocido, pero también es perfectible y es por eso que la elección de los cuatro consejeros es fundamental. Se pronunció por un proceso limpio y transparente que respete la paridad de género.

 La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, expresó que hoy se da uno de los pasos más importantes para consolidar el ejercicio electoral libre y democrático que signará a esta legislatura. “Estos nombramientos son de vital importancia no solamente porque organizarán el ejercicio electoral más grande, sino porque estas mexicanas y mexicanos trascenderán a la historia como las y los consejeros que culminarán la transición democrática en México”.

 Del PRI, la diputada Claudia Pastor Badilla indicó que con esta convocatoria pública, la Cámara de Diputados inicia un proceso de selección público, objetivo y transparente y precisó que se fijan criterios muy importantes para definir, tanto a quienes tienen que integrar el Comité Técnico de Evaluación, como los perfiles y métodos para la elección de candidatos.

 Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña expresó que su grupo parlamentario ha planteado que, incluso, los cuatro consejeros puedan ser mujeres. Refirió que los candidatos que resulten electos deben de ser demócratas, honorables y de un extraordinario perfil, sobre todo, que estén al servicio del pueblo. “Es hora de que se respete el voto de todas y todos, y que sea una realidad la igualdad”.

 Claudia Báez Ruiz, diputada de Encuentro Social, afirmó que esta convocatoria estará bajo el escrutinio público y será vital un proceso que dé garantías de transparencia y legalidad. Pidió que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación sean los más aptos para elegir a quienes formarán parte del INE.

 El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) mencionó que los criterios en la convocatoria, como paridad y parlamento abierto, así como los requisitos y parámetros, son acordes con la realidad pragmática que el INE debe considerar. “Se deben analizar los perfiles y sus decisiones deben perseguir el objetivo de aplicar la norma, el sistema de partidos, la fiscalización e imparcialidad. Se requieren consejeras y consejeros con profesionalismo”.

Aspectos relevantes de la Convocatoria

El Comité Técnico de Evaluación analizará la documentación presentada por las y los aspirantes con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como evaluar la idoneidad para ocupar el cargo de consejera o consejero electoral del Consejo General del INE, conforme a los criterios específicos que para tal efecto acuerde la Junta de Coordinación Política.

Se comprenderá la definición de criterios para la evaluación de la idoneidad, que abarquen, cuando menos, la evaluación respectiva del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; la evaluación específica del ensayo a que se refiere la Convocatoria; la evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental y electoral, así como la realización de una entrevista con carácter público.

Para fortalecer su función, el Comité Técnico de Evaluación podrá recabar información adicional que considere necesaria para acreditar el cumplimento de los requisitos constitucionales y legales de las y los aspirantes, siempre que otorguen de manera expresa su consentimiento.

Las y los aspirantes, dentro del plazo comprendido del 18 al 28 de febrero de 2020, en días hábiles, en un horario de las 10:00 a las 13:00 horas, y de las 16:00 a las 18:00 horas, deberán acudir personalmente o a través de un tercero con carta poder notariada, a entregar la documentación en las instalaciones ubicadas en el Salón de Protocolo del edificio “C» del Palacio Legislativo de Lázaro.

La documentación consiste en: carta de solicitud de registro con firma autógrafa (conforme al formato publicado en el micrositio de la Cámara de Diputados www.diputados.gob.mx«); exposición de motivos de su aspiración, con una extensión no mayor a diez cuartillas (fuente Arial, doce puntos; márgenes de 2.5 centímetros y espacio de interlineado de 1.5); Currículum Vitae con fotografía reciente, firmado, así como la versión pública del mismo; copias certificadas del acta de nacimiento, copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar, del título profesional o cédula; carta con firma autógrafa en la que la persona aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad.

Las y los aspirantes deberán ser ciudadano o ciudadana por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener más de treinta años de edad el día de la designación.

Poseer al día de la designación, antigüedad mínima de cinco años del título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso; haber residido en el país durante los últimos dos años; no haberse registrado como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Tampoco desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no ser secretaria o secretario de Estado, ni fiscal general de la República o procuradora o procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretaria, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefa o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora, gobernador, ni secretaria o secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y no ser ni haber sido integrante del Servicio Profesional Electoral.

El acuerdo instruye a la Secretaría General, a la Coordinación de Comunicación Social y al Canal del Congreso, a dar la mayor difusión y publicidad a la presente Convocatoria y a la unidad competente de la Cámara de Diputados a brindar el apoyo jurídico que requiera el Comité Técnico de Evaluación.

Para garantizar la máxima publicidad de la información que se genere en el proceso habrá un micrositio con propósito específico en la página electrónica de la Cámara de Diputados, en adición a la realización de prácticas de máxima publicidad y parlamento abierto que permitan transmitir en vivo y difundir las sesiones que determine el Comité Técnico de Evaluación por el Canal del Congreso, medios electrónicos y digitales, plataformas tecnológicas como Facebook Live, Periscope o equivalentes y cualquier otra vía que la Junta de Coordinación Política determine.

Además, se pidió comunicar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo garante establecido en el artículo 60 de la Constitución Política.