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Reformas permitieron avanzar en un sistema de justicia penal eficaz

México, 2 Sep (Notimex).- Los esfuerzos del gobierno de la República para garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente se basaron en diversas estrategias, implementadas a través de acciones y reformas.

En específico, la administración federal orientó sus acciones a fortalecer las instituciones, al respeto y protección de los derechos humanos, a la erradicación de la violencia de género, al combate a la corrupción y la rendición de cuentas, precisó el presidente Enrique Peña Nieto en su sexto y último Informe de Gobierno.

Entre las acciones para abatir la impunidad, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se propusieron varias reformas constitucionales y legales que contribuyeron a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Entre las mejoras del andamiaje normativo, indicó, se encuentra la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; las reformas y adiciones a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, la reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; un decreto sobre la Ley de Propiedad Industrial, en el que se incluyen cambios significativos en la protección de la creatividad, entre otras.

En tanto, con el fin de lograr una procuración de justicia efectiva, el 2 de febrero de 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) inició los trabajos en las mesas de discusión de la propuesta de Código Penal Único.

Destacó que de septiembre del año pasado a junio de 2018, entre resultados alcanzados por el Ministerio Público Federal se determinaron 68 mil 630 averiguaciones previas en materia de delitos del fuero federal, respecto de un total en trámite de 84 mil 812, que representa un 80.9 por ciento.

El documento precisó que se entiende por determinadas, la etapa en la cual el agente del Ministerio Público Federal investigador realiza todas las actividades necesarias para acreditar la existencia o inexistencia del delito.

Para investigar para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia, se crearon las unidades de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, y para el Combate al Delito de Secuestro; las fiscalías Especial en Investigación del Delito de Tortura y la Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Asimismo, para combatir la corrupción y transparentar la acción pública, se presentaron de avances en las investigaciones de la obra de ampliación de la carretera a Cuernavaca Paso Exprés.

El 17 de octubre de 2017, refirió, se aprobó el Programa Anual de Trabajo, los Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y se dio seguimiento a la implementación de los sistemas locales en las entidades federativas.

En el marco de este sistema, subrayó, al 30 de junio de 2018 se logró que 22 estados cuenten ya con un fiscal anticorrupción: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

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