home INEHRM Realizarán foro “El petróleo en México: historia, política, economía y sociedad”

Realizarán foro “El petróleo en México: historia, política, economía y sociedad”

Participan Javier Oliva Posadas, Anna Ribera Carbó y José Ortega Lomelí.

Con la participación de los doctores Javier Oliva Posadas, Anna Ribera Carbó y el Maestro José Ortega Lomelí, se celebrará el Foro “El petróleo en México: historia, política, economía y sociedad” en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM): Francisco I. Madero, no. 1 San Ángel. La cita es el miércoles 14 de marzo, a las 18 horas.

El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más importantes de su gobierno, al hacer valer los derechos de la nación sobre el petróleo, tal y como los establecía la Constitución de 1917. El decreto de expropiación fue la culminación de una larga batalla entre las compañías petroleras, en manos de empresarios estadunidenses, ingleses y holandeses, y el Estado mexicano surgido de la Revolución.

Las empresas petroleras extranjeras se negaron a acatar el artículo 27 constitucional que restableció la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Con el apoyo de sus gobiernos presionaron para que no se aplicara de forma retroactiva a las concesiones otorgadas antes de 1917.

El poder económico y político de esas empresas y de sus gobiernos logró frenar su aplicación con los acuerdos de Bucareli, suscritos por los gobiernos de México y Estados Unidos en 1923, pero nunca ratificados por ninguno de los Senados de ambos países.

La política nacionalista en el tema del petróleo continuó llevándose en la práctica, como sucedió con los impuestos puestos al petróleo con Plutarco Elías Calles y, claro, por la nacionalización hecha por Lázaro Cárdenas.

Por su trascendencia, recordamos aquí un fragmento del histórico mensaje con el que el Presidente Cárdenas anunció la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938:

“La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de Justicia Nacional (…) Impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse (…) Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país”.

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