En el transcurso de la semana, nos hemos enterado de la liberación de único procesado y culpado por el homicidio del psiquiatra Triay Peniche. Esto derivado de un juicio de amparo federal que otorgó la libertad bajo el supuesto de errores en la investigación y bajo los principios del debido proceso se procedió a su liberación. Ya desde tiempo atrás se liberó a otro de los dos involucrados, igualmente por “errores en la investigación”.
Es claro que era necesario cambiar el sistema penal inquisitivo a uno más garantista de los derechos humanos; sin embargo, este cambio ha generado una mayor desconfianza social hacia la procuración e impartición de justicia por convertirse en una “puerta giratoria” donde la impunidad parece ser la característica que lastima la credibilidad institucional.
Hoy el crimen del Dr. Triay Peniche queda impune, y aún cuando en proceso inicial o de primera instancia determinó que hubo dos responsables, por la incapacidad de la fiscalía en la integración de la carpeta de investigación. Esos errores del maldito “debido proceso” que hoy dejan en completo estado de indefensión a las víctimas y, por ende, a la sociedad.
Es como el caso sonado a repercusión internacional de Florance Cassez. La cuestión de su liberación no fue por comprobarse su plena inocencia, sino por errores de actuación de las autoridades de seguridad pública que le vulneraron a tal grado sus derechos humanos y hasta de tratados internacionales, que no quedo otro remedio que liberarla judicialmente de responsabilidad penal.
Mucho se criticó en aquel entonces la decisión de la SCJN sobre aquel caso en particular. Sin embargo, se entendía que era necesario establecer un precedente legal para que se entienda la importancia de la buena actuación legal, profesional, técnica y ética de las autoridades en todo el proceso de investigación para asegurarse la correspondiente condena de los presuntos responsables de los delitos.
Hoy, en el caso que nos ocupa, percibimos que no se aprendió la lección. Sigue consolidándose, en sentido contrario de lo esperado, la ineptitud de los fiscales y la ineficiencia de las instituciones de investigación criminal.
Lo peor es que esos mismos investigadores hoy sigan ejerciendo la función en la fiscalía general del Estado. No debe ser admisible para la sociedad que se les permita, por lo menos, seguir en la función pública de investigación criminal. En el mejor de los casos deberían fincarles responsabilidad por no saber su trabajo y dejar que los verdaderos criminales estén libres.
Pero este es el México corrupto, falto de transparencia y nula rendición de cuentas, con instituciones sin capacidades técnicas para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Hoy, las víctimas de este asesinato al igual que la sociedad yucateca, tenemos motivo para desconfiar de las instituciones del Estado procuradoras e impartidoras de justicia.