La materia de Derecho Electoral es una de las más robustas normas jurídicas de México. Inclusive se ha tomado como ejemplo y modelo por otros países. Sin embargo, los mexicanos aún no podemos quedar satisfechos con los resultados en una jornada electoral.
Desde prácticas que se dicen superadas como la coacción, la compra de votos, el uso de recursos de procedencia ilícita o en exceso que rebasa los límites establecidos constituyen las denuncias y reclamos que se materializan antes y durante una jornada electoral.
Si algo se reconoce como un gran avance en la materia electoral la ciudadanización; es decir, la participación ciudadana desde los cuerpos directivos, logísticos, operativos y constitución de casillas electorales. Procesos electorales abiertos al escrutinio público con medios de comunicación y de observadores electorales nacionales y extranjeros.
Pero eso no basta.
En el juego de la competencia política y partidista el golpeteo y la denostación o repudio a los resultados enlodan los procesos electorales, desde un principio hasta el final. Lo que ocasiona que los resultados no sean definidos por una jornada electoral sino por tribunales que deberán validar las pruebas presentadas e interpretar la aplicación de la ley para entonces darle la razón a una fuerza política.
¿Deben los procesos electorales llegar a tribunales para saber quién es el ganador?
Eso no representa una maduración del proceso. Sino la triste imagen de las normas creadas por los mismos partidos que se protegen a sí mismos dejando a los ciudadanos como un tercero en discordia.
Mucho entonces para lograr que la verdadera ciudadanía tenga no solo el control de las elecciones, sino que también, al final sea el conteo de los votos emitidos más que suficientes para declarar ganador a la fuerza política elegida libremente por el pueblo.