home Perspectiva de género Proponen crear Ingreso Ciudadano Universal para eliminar el clientelismo de programas sociales y reducir pobreza

Proponen crear Ingreso Ciudadano Universal para eliminar el clientelismo de programas sociales y reducir pobreza

La diputada Araceli Damián González (Morena) prepara una iniciativa para incorporar en la Constitución el derecho al Ingreso Ciudadano Universal (ICU), para que cada miembro de la sociedad cuente con un ingreso monetario pagado por el Estado, sin que medie condición alguna para su otorgamiento.

El apoyo deberá proveer a todas las personas de un ingreso suficiente para alimentarse adecuadamente, equivalente al costo de Canasta Normativa de Alimentos (CNA), con 15 por ciento más para almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, es decir, mil 780 pesos de 2016.

La legisladora, quien preside la Comisión de Desarrollo Social, señaló lo anterior durante la Conferencia “Ingreso Ciudadano Universal”, impartida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se trata de un apoyo universal, integrado a un sistema tributario progresivo, como base para la reorganización estructural de las políticas públicas.

Su establecimiento, dijo, permitiría además eliminar el clientelismo de los programas sociales, porque toda la sociedad gozaría de sus beneficios.

“Progresa, Oportunidades, Prospera, Seguro Popular, programas de ayuda a madres solteras, 65 y Más, son programas clientelares que a final de cuentas permiten a los partidos políticos comprar la conciencia y el voto”.

Se busca que la política social sea universal y no se preste a ello, que no se excluya a nadie por preferencias partidistas, edad, condición económica, y otros factores.

Se establecería en dos etapas. La primera es de 20 años, y cubriría sólo la Canasta Normativa de Alimentos, más un 15 por ciento relacionado con la preparación almacenamiento y consumo de los mismos. Cubriría, los primeros cinco años, a persona de 65 años y más, y a menores de entre 8 y 17 años, porque son los que tienen mayor cobertura de programas sociales y el costo fiscal va a ser menor.

Los siguientes cinco años, a niños y niñas menores de 8 años; el siguiente quinquenio abarcaría a mujeres de entre 18 y 64 años, y el último lustro a hombres del mismo rango de edades.

La segunda etapa, con una temporalidad de 20 años, con cobertura para ampliar el Ingreso Ciudadano a elementos de una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales.

Con este esquema, plantea que para finales de la década de los cincuenta del presente siglo todas las personas que habiten en México cuenten con el derecho humano a la existencia, garantizado mediante el ICU.

Para financiar este apoyo, Damián González plantea aumentar la recaudación tributaria. “No vamos a lograr hacer un estado de bienestar fuerte con este tipo de políticas, con un gobierno austero. Tenemos que cobrarles más a los que más tienen”. México tiene uno de los niveles más bajos de captación fiscal, y además, hay una reducción de impuestos a la clase alta por lo que es necesaria una reforma fiscal progresiva.

Se propone eliminar las exenciones fiscales, aumentar la tributación a extracción de minerales o hidrocarburos, flujos monetarios y financieros, boletos de avión y automóviles de lujo, así como reducir el gasto militar.

La propuesta plantea adicionar el Artículo 4° de la Carta Magna para establecer que toda persona, desde su nacimiento, tiene derecho a un ingreso ciudadano universal y el Estado garantizará su cumplimiento mediante transferencias monetarias, cuyo valor sea suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna. La Ley establecerá montos, periodicidad y mecanismos de entrega, así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual.

Además, para modificar el Artículo 73, fracción XXIX-D para facultar al Congreso a expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, ingreso ciudadano universal, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.

El ICU sería un poderoso instrumento de cambio social y político para avanzar hacia la libertad, la autonomía y el respeto; impulsaría la estabilidad macroeconómica y ampliaría el acceso a mercados de trabajo, pues promovería la inversión productiva, mediante el desarrollo de competencias y capacidades de las personas.

 

 

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