home Legislativas Proponen 50 a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien ejerza violencia política

Proponen 50 a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien ejerza violencia política

La Comisión de Gobernación analiza iniciativa que plantea imponer una sanción de 50 a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien promueva o ejerza violencia política, por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas y actos que impidan o anulen el ejercicio efectivo de los derechos electorales. 

La reforma, presentada por los diputados perredistas Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, establece que las sanciones a estas conductas aumentarán hasta una mitad, de lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual plantea de 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que cometa esas acciones en perjuicio de persona alguna. 

Asimismo, proponen que las elecciones federales o locales sean nulas cuando existan actos u omisión que constituyan violencia política, la cual se entenderá como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular y menoscabar el ejercicio efectivo del derecho del voto. 

Además, pretenden promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y prohibir toda conducta que atente contra la dignidad e integridad humana y que tenga como propósito eliminar los derechos y libertades políticas de las personas. 

Los legisladores sostienen en su iniciativa que la violencia política se registra en distintas regiones del país, lo cual ha enrarecido la convivencia política entre partidos políticos, militantes, simpatizantes y la sociedad en general. 

Ante este panorama, también plantean modificar las leyes generales de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objetivo de atender las denuncias de candidatas y candidatos, a quienes se les obstaculiza su trabajo de proselitismo y hasta se les agrede físicamente. 

Contreras Julián, Zambrano Grijalva y Ortega Álvarez sostienen que con las reformas se logrará que el ejercicio de los derechos y el cumplimento de las obligaciones de la ciudadanía en el ámbito político electoral, se regirán en todo momento por el principio de la no violencia. 

Para ello, proponen que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los Tribunales Electorales, los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, en términos de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución, establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política, que se manifiesta por medio de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida. 

Para tal fin, plantean la difusión en los medios de comunicación de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, así como la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre su erradicación. Asimismo, indican que la propaganda no debe contener expresiones que constituyan ese tipo de agresión. 

La reforma al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, permitirá estipular que los organismos partidistas se deberán abstener, en su propaganda electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones, que calumnie a las personas o cualquier acto que limite, condicione, excluya, impida o anule el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. 

Mientras, las modificaciones a los artículos 7, 8, 9 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el 78 bis del ordenamiento del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecerán las sanciones a quien promueva o ejerza la violencia política, las cuales irán desde las económicas hasta la anulación de las elecciones federales o locales. 

Finalmente, los diputados consideran que estas adecuaciones a los ordenamientos jurídicos pretenden revertir, desde el ámbito institucional, la violencia política, la cual tiene efectos peligrosos para la democracia.

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