El presidente del Senado de la República, Martí Batres, presentó una iniciativa para derogar la vinculación de la evaluación a los docentes con su permanencia y promoción en el empleo, y así dar paso a una “auténtica transformación educativa”, con la participación de los profesores.
Dijo que sí se necesita una profunda reforma en esta materia, pues aún, en pleno Siglo XXI, hay niñas y niños mexicanos, de entre 6 y 12 años, que no están inscritos en la primaria, y “hay escuelas sin planteles y muchos planteles sin equipos de cómputo y bibliotecas”.
Martí Batres consideró que se tienen que cambiar los métodos de enseñanza y hacer énfasis en las necesidades actuales de la educación, así como abrir el nivel superior a la juventud.
Sin embargo, la reciente reforma educativa fue eminentemente laboral y administrativa, más que pedagógica. “La evaluación no se orientó a mejorar la formación docente y la educación continua”, consideró el legislador.
Agregó que tampoco se tomó en cuenta el desempeño frente al grupo ni las grandes diferencias regionales y culturales, menos aún la diversidad lingüística y las grandes desigualdades sociales y alimenticias de muchas zonas del país.
“Tampoco –asentó– se observó el bajo salario que perciben los profesores. Antes bien, se privilegió el castigo al docente. Y “todo esto impidió involucrar a los maestros en la transformación de la educación y sin su participación “es prácticamente imposible realizar una reforma educativa”.
Además, hay que tomar en cuenta que la mala técnica legislativa llevó a incorporar a la Constitución lo que debe ir en una legislación secundaria, así como la aprobación de una reforma sin la intervención de maestros, expertos, padres de familia y de la sociedad en general.
En este contexto, propuso derogar el texto de la segunda parte de la fracción III, del artículo 3 de la Constitución Política, que actualmente dispone: “Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.