Dentro de un par de meses se deberá transitar el sistema de procuración de justicia del sistema inquisitivo-mixto al acusatorio-adversarial. Una transformación, en caso de concretarse, que viene ocho años desarrollándose a partir de la Reforma Constitucional penal de 2008. El límite es el 18 de junio de 2016.
Sabemos que hay entidades federativas que aún no han concretizado cambios. En el peor de los casos ni siquiera han iniciado con las modificaciones pertinentes en los marcos jurídicos, desarrollo de infraestructura requerida para la oralidad, y lo que es crucial, con la capacitación debida que garantice que los sujetos intervinientes cuenten con elementos de conocimiento, habilidades y actitudes.
En el caso de Yucatán se han dado avances significativos. Inclusive hemos sido modelo a nivel nacional. Desde el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco se dieron los pasos necesarios para transformar al Poder Judicial. Un proceso de reforma institucional que dotó de nuevos recursos jurídicos a los órganos de procuración de justicia.
Sin embargo, es necesario destacar que a pesar de los grandes esfuerzos institucionales, algunos de los principios rectores de la reforma penal, como lo son la presunción de inocencia y la justicia restaurativa, aún no permean en la conciencia social. Lo que ha llevado a un amplio sector de la sociedad a cuestionar la integridad, eficacia y efectividad del nuevo sistema penal.
Esto significa que tenemos que ir más allá de una socialización mediática de los cambios. ¿Cómo hacer que la sociedad tome conciencia, y con ello, confianza en la forma de hacer justicia donde se procure no dejar impune al culpable, se proteja al inocente y se repare el daño?
Un cuestionamiento que las instituciones, junto con los convencidos que el camino es correcto, nos debemos hacer para que en conjunto fortalezcamos la institucionalidad y legalidad de los procesos jurídicos de aquí para adelante.