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Poner a prueba al Sistema Anticorrupción

 

El pasado 12 de julio, se abrió un enorme socavón en el kilómetro 93+800 en el Paso Express de Cuernavaca, apenas 3 meses después de haber sido inaugurado y tras haber costado 2,200 millones de pesos, más del doble del presupuesto originalmente planteado con la constructora responsable.

Ese día perdieron la vida Juan Mena Romero de 59 años y su hijo Juan Mena López de 33 años de edad, luego de que su vehículo cayera en ese hoyo en el asfalto y permaneciera bajo toneladas de tierra y lodo por más de 12 horas, tiempo en el que ninguna autoridad ni estatal ni federal atinaron a actuar de manera oportuna para intentar salvarles la vida.

Sólo 7 días después, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas una de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que permitirá iniciar, sustanciar y resolver procedimientos de investigación por la realización de faltas administrativas graves y no graves que sean cometidas tanto por las y los servidores públicos como por particulares que en funciones específicas y haciendo uso de recursos públicos cometan actos que puedan considerarse también como faltas de carácter administrativo.

Tras conocerse el trágico suceso donde perdieran la vida 2 personas, comenzaron a circular diversas informaciones sobre la precariedad de las condiciones que presentaba ese tramo carretero, así como sobre las alertas que algunas autoridades municipales habían enviado a los responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los riesgos que representaban ciertas zonas del camino recientemente inaugurado, en las cuales se podía presumir e incluso advertir que podía ocurrir un accidente o una tragedia tal y como sucedió.

Paralelamente a estas informaciones se difundió que el consorcio constructor integrado por las empresas Aldesa y Epccor empresas responsables de la construcción y habilitación del Paso Express y que han participado en muchas otras construcciones a nivel nacional, estaban enfrentando investigaciones y acusaciones administrativas y/o penales por obras previamente construidas en donde se les imputaban diversas responsabilidades por no haber cumplido a cabalidad con las condiciones de las licitaciones y contratos suscritos para realización de esas obras.

Hoy estas empresas tienen que ser investigadas, ambas, particularmente porque se han visto beneficiadas con múltiples y millonarios contratos por parte del propio Gobierno Federal, la responsabilidad de este consorcio no puede quedarse en simples declaraciones vacías o sin sentido de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que prometen como siempre hacer una investigación exhaustiva que también como siempre no arribará a ninguna conclusión para sancionar o inhabilitar a dichas empresas.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas,  la Secretaría de la Función Pública tiene que iniciar un procedimiento de investigación de estos particulares de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 de esta norma, pues resultaría absurdo suponer que el órgano interno de control de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes fuese la autoridad encargada de sustanciar dicho procedimiento de investigación.

Ha pasado una semana de que este nueva Ley entró en vigor, veamos si el Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública están a la altura de las circunstancias o si simplemente, le apuestan como siempre, a la impunidad, la protección de sus intereses y la perpetuación de la corrupción.

 

Sen. Dolores Padierna Luna

Coordinadora del Grupo Parlamentario PRD

 

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