La senadora Martha Lucía Micher, del Grupo Parlamentario Morena, presentó un punto de acuerdo que propone exhortar al Pleno del Senado de la República para que garantice la paridad en la elección de las candidatas y candidatos propuestos por la Comisión de Justicia a ocupar una magistratura electoral a escala federal.
Asimismo, solicita a dicha Comisión que incorpore el principio de igualdad sustantiva en el procedimiento de evaluación de las y los candidatos a ocupar dicho cargo.
Recordó que el 11 de septiembre, el Senado aprobó el procedimiento para elegir a 15 magistrados electorales para desempeñarse en 12 entidades federativas. La Comisión de Justicia es la encargada de entrevistar a 253 candidatos y, posteriormente, entregar una lista de quienes considere elegibles para ocupar el cargo.
Señaló que la composición actual del Poder Judicial de la Federación contraviene el marco jurídico constitucional, y no garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.
Expuso que de acuerdo con datos de 2016, del Poder Judicial de la Federación había 828 órganos jurisdiccionales, un total de mil 471 impartidores de justicia, de los cuales sólo 26.64 por ciento son mujeres, es decir 391 juzgadoras en el ámbito federal.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, está integrada por 11 ministros, de los cuales sólo dos son mujeres: las ministras Margarita Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández, quienes representan el 18.2 por ciento.
Por su parte, el Tribunal Electoral tiene siete magistrados y sólo dos son mujeres; sin embargo, dicho órgano está presidido por una mujer, añadió. De las seis salas regionales, con 18 magistrados en total, seis son mujeres, y tres de ellas son presidentas de Sala. En el Consejo de la Judicatura Federal, detalló, hay siete consejeros, de los cuales sólo dos son mujeres.
Comentó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), establece la necesidad de pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, por lo que el Estado debe proporcionar las condiciones.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
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