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Pide Comisión Permanente informe al Comité de Participación Ciudadana del sistema anticorrupción

La Comisión Permanente solicitó un informe a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de conocer los avances que se han realizado en esta instancia. 

La Asamblea también hizo un llamado a la Mesa Directiva del Senado de la República para que considere la pertinencia de invitar a una reunión de trabajo a los integrantes de dicho Comité. 

En el dictamen aprobado, se explica que el Sistema Nacional Anticorrupción constituye “un muy importante compromiso nacional de carácter supra-partidista, cuya adecuada integración, funcionamiento y actuación permitirá atender” la legítima exigencia de la sociedad de cero impunidad ante hechos de corrupción. 

Senadores y diputados consideraron necesario conocer la información pertinente sobre las tareas que se han desarrollado, las dificultades que se enfrentan, los avances que se han obtenido y los retos que se presentan en los horizontes de mediano y largo plazo en el Sistema. 

Precisaron que poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, no es una tarea sencilla ni exenta de dificultades, pues su actuación conlleva a situaciones complejas. 

En otro tema, la Permanente exhortó al gobierno de Nuevo León para que supervise la aplicación de protocolos y las acciones para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios en esa entidad, en especial, el de Topo Chico. 

Además, el Pleno le solicitó un informe sobre las medidas instrumentadas para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta materia. 

En el dictamen aprobado, se señala que la sobrepoblación y el hacinamiento son uno de los principales problemas de las cárceles que atentan contra el principio fundamental del derecho a una vida digna al interior de las prisiones. 

Se indica que de acuerdo con la CNDH, la falta de capacitación y actuación de los operadores de los centros penitenciarios de Nuevo León, ha ocasionado que éstos obstaculicen “el acceso a los medios para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el orden y la tranquilidad” al interior de los reclusorios. 

Posteriormente, la Comisión Permanente requirió al gobierno de la Ciudad de México un informe respecto a la contratación y la prestación del servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos. 

En el documento se menciona que la empresa Grupo Oropez tiene un contrato multianual con el gobierno de la Ciudad para brindar dicho servicio; no obstante, esta compañía no se encuentra en el padrón de proveedores y contratistas. 

Se señala que 40 operadores de la empresa tienen la elevada cuota de realizar 25 arrastres de automóviles al día, la cual los domingos se eleva a 32 vehículos, lo que provocó que los trabajadores iniciaran una protesta. A pesar de que la manifestación fue pacífica, los empleados fueron agredidos por sujetos armados, incluso, uno de ellos fue secuestrado y liberado horas después, se precisa.   

Los legisladores estimaron indispensable que gobierno de la Ciudad de México informe sobre lo referente a la prestación de este servicio. 

El Pleno también condenó el asesinato de Héctor Casique Fernández y pidió a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades penales y la sanción a quien o quienes perpetraron el crimen. 

Los legisladores comentaron que es indispensable establecer el móvil y autoría del asesinato de Casique Fernández, quien acusado de delincuencia organizada y torturado para obtener su autoincriminación. 

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