San Salvador, 17 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones señalaron este martes que el Gobierno de El Salvador buscaría reformar una cláusula pétrea de la Constitución relacionada con la reelección presidencial.
El vicepresidente, Félix Ulloa, encabeza un grupo de abogados que preparó el anteproyecto de reformas constitucionales para entregarlo al presidente Nayib Bukele el próximo 15 de septiembre.
«La jurisprudencia constitucional ya estableció que el tiempo de espera para la reelección presidencial no puede reducirse de dos a un periodo después de terminar el primer periodo para ejercer la presidencia. El Gobierno pretende modificar esa cláusula pétrea», apuntaron en un comunicado.
La Constitución salvadoreña señala que no puede ser candidato a presidente quien haya ejercido el cargo por más de seis meses «durante el periodo inmediato anterior».
La Sala de lo Constitucional indicó en un fallo de 2014 que esto significa que un presidente debe esperar 10 años a partir del final de su mandato para buscar la Presidencia nuevamente.
La reforma propuesta establece esta prohibición a quien haya sido presidente por más de seis meses «durante el periodo anterior al inicio de aquel al que aspira a ser electo».
Las organizaciones también señalaron que, a su parecer, la propuesta de reformas constitucionales se formuló con «poca transparencia».
«El anteproyecto de reforma constitucional se preparó con poca transparencia y sin una verdadera participación de la sociedad», señalaron las organizaciones en un comunicado.
Agregaron que «toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de esta iniciativa».
A su juicio, para la aprobación de este paquete de reformas «deben existir condiciones democráticas» y «restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M (1 de mayo)».
En dicha fecha, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tomó posesión y su primera acción fue remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta acción fue criticada por la comunidad internacional por suponer un golpe a la separación de poderes y Bukele, a pesar de que no está entre sus facultades, aseguró que era irreversible.
El mandatario se había enfrentado con los magistrados destituidos durante 2020 a raíz de sus fallos sobre el manejo de la pandemia de la covid-19.
Entre las reformas que se presentarán se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años.
La redacción propuesta establece que estos mecanismos no podrán utilizarse para «prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la Presidencia».
Las entidades no gubernamentales indicaron que, «mientras no se generen condiciones democráticas», no participarán en las discusiones porque «existe el riesgo de que nuestra participación se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene».
Entre estas organizaciones se encuentran la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad) y Acción Ciudadana, entre otras.