El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputado José Antonio Arévalo González (PVEM), consideró necesario llegar a un acuerdo nacional para que todos los legisladores saquen adelante una nueva Ley General de Aguas, que establezca obligaciones y responsabilidades del gobierno federal y con ello asegurar el derecho humano del vital líquido para todos.
“Estamos abiertos a escuchar los diferentes puntos de vista de expertos y abogados sobre el tema, los legisladores buscamos llegar a un objetivo común para elaborar dicha Ley”, agregó.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) destacó la importancia de escuchar a especialistas porque su opinión ayudará a enriquecer la iniciativa.
Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento, se reunieron con integrantes de la “Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.”, quienes expusieron las perspectivas y retos que enfrenta el marco jurídico para construir una nueva Ley General de Aguas.
Francisco Javier Dorantes Díaz, coordinador de la Comisión del Medio Ambiente de esa agrupación, mencionó que se necesita una Ley General de Aguas que regule el uso del líquido.
“La Barra está dispuesta a reunirse con los legisladores para discutir cualquier tema que sirva para trabajar la iniciativa, porque debemos trabajar por el bien de México”.
Para integrar una Ley que beneficie al país, la Barra Mexicana de Abogados, pone a disposición de los legisladores a sus Comisiones de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y la del Medio Ambiente. “Lo que ustedes obtendrían sería la opinión de la Comisión Técnica de la Barra donde se incorporaría a juristas de distinta índole”.
Judith Domínguez Serrano, especialista en agua y académica de El Colegio de México, consideró que la nueva ley debe regular las condiciones, obligaciones y responsabilidades, no solo de municipios, también del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para garantizar el derecho humano a este elemento.
“En el tema de las concesiones, hay que poner atención en cuál debería ser el nuevo régimen. Se tiene que aclarar cómo se usa el agua, quién la está usando, así como su regularización”.
Hay que aclarar cuál será el planteamiento de la futura norma, es decir, cuál es el objetivo al hacer una nueva ley. “Creo que lo más importante es buscar la seguridad hídrica”.
La especialista observó que el marco jurídico deberá tener un enfoque de derechos humanos, porque éste no se puede ver de manera aislada. “El derecho al agua es una condición indispensable y de ahí la importancia que tiene para garantizar otros derechos como el de la salud”, aseguró.
Sobre el tema del agua urbana, subrayó la necesidad de revisar cómo se está utilizando en las ciudades. Este punto debe enfocarse en la conservación del líquido, indicó.
José César Lima, director de Abogados Especialistas en Aguas Nacionales, opinó que se deben revisar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos, porque ambas tienen elementos a modificar.
Daniel Basurto, coordinador de Medio Ambiente de la “Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.”, mencionó que la nueva ley tendría que enfocarse en la sustentabilidad, competitividad, ahorro y uso eficiente, autorregulación, transmisión temporal, es decir, buscar cómo dotar de agua de forma temporal.
Además, se tiene que fortalecer a la Conagua, así como atender el tema de la vigencia y renovación de las concesiones e incentivar la inversión.
Pedro Torres Martínez, subcoordinador de Medio Ambiente, consideró necesario e impostergable emitir la Ley General de Aguas porque el artículo 1º constitucional así lo exige.