La diputada Norma Xochitl Hernández Colín, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, destacó la necesidad de que el sector público federal y estatal compren o contraten productos y servicios, generados por las cooperativas, para garantizar su subsistencia y mantengan vigentes fuentes formales de trabajo.
Por ello, la instancia impulsa una estrategia para que tanto el Poder Legislativo como el Gobierno federal adquieran los bienes que producen las cooperativistas, que beneficiarían tan sólo en la Ciudad de México, 400 empresas sociales que requieren apoyo para continuar funcionando.
Derivado de las condiciones económicas del país y la importancia de crear nuevas fuentes de empleo, es imprescindible apoyar a este sector. Tan sólo las asociaciones de ahorro y préstamo han crecido de manera muy importante sin ningún apoyo del gobierno, mostrando productividad y competitividad, esfuerzo solidario de los trabajadores que requiere atención.
El año pasado estas cooperativas captaron 6.5 millones de ahorradores y en este 2017, se incrementará a 7 millones 200 mil a nivel nacional. Tendencia de crecimiento relevante que exige seguirla impulsando para asegurar su permanencia, ya que es una opción financiera para un amplio sector de la población sin acceso a los esquemas tradicionales de ahorro y crédito bancarios, explicó.
La Comisión pugnará por que no disminuya el presupuesto al Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) en 2018, pese a que en el primer semestre de este 2017 ya sufrió un recorte de 300 millones de pesos, de un total de un millón 200 mil pesos etiquetado, subrayó.
Hernández Colín lamentó la reducción de recursos para esa institución, que limita sus alcances, en particular para seguir apoyando la creación de nuevas cooperativas, lo cual es muy grave. “Prácticamente sólo ha fortalecido a las sociedades existentes, lo que en términos de fomento medio cumple su función, pero eso a nivel económico, no ayuda”, tampoco para realizar investigaciones sobre el comportamiento y perspectivas del sector.
Ésta, indicó, es una de las preocupaciones de la Comisión, porque este sondeo sobre la situación del sector cooperativista en el país debió ya realizarse en coordinación con el Inegi, pero no se ha logrado.
Respecto a la labor parlamentaria para el siguiente periodo ordinario, la legisladora informó que se trabaja en una iniciativa para reformar la Ley General de Economía Social y Solidaria, en materia fiscal, con el propósito de beneficiar a las cooperativas de producción, de consumo y, de ahorro y préstamo, a fin de que cuenten con un esquema más eficiente y justo.
“Estamos haciendo las consultas necesarias para tener una iniciativa muy sólida y que en este periodo la podamos sacar”, estimó.