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Necesario, incluir en nuestra política migratoria el principio de seguridad humana

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que mientras la política en este tema se rija bajo la perspectiva de seguridad nacional, las personas seguirán perdiendo espacio en aras de la protección del Estado; por ello es necesario trascender y cambiar hacia una perspectiva humana.

Durante la presentación del informe “La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público”, realizado por las organizaciones Sin Fronteras, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), la legisladora consideró que pese a los avances normativos en la materia, no ha disminuido la situación de vulnerabilidad de personas en tránsito y sin documentos.

“En esta Legislatura propugnamos porque ningún ser humano sea ilegal y por una migración segura, ordenada y regular, con una perspectiva de derechos humanos que ponga en el centro la integridad de las personas”.

Agregó que por su situación geográfica México se ha caracterizado por conjuntar las cuatro dimensiones de la migración: tránsito, origen, retorno y destino; durante mucho tiempo se dio poca atención a los derechos humanos y sólo hubo enfoque en la contención de flujo migratorio.

Vences Valencia puntualizó que es importante elaborar una agenda con visión de que los migrantes son sujetos de derecho y aliados para el desarrollo. “Tiene que ponerse en el eje central y reconocer que la migración es un factor de desarrollo y enriquecimiento social y cultural”.

Por ello, agregó, es imprescindible la instrumentación de políticas públicas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las relaciones humana, social y económica, así como su repercusión en el desarrollo regional, sin soslayar a los migrantes de otros países que tienen la intención de llegar a Estados Unidos y Canadá, ni la presencia creciente de niñas, niños y adolescentes no acompañados.

Es urgente armonizar las leyes y adecuarlas a los tiempos que se viven, a fin de que el trato inhumano que se da a migrantes no exista. Por ello, este gobierno impulsa acciones que cambiarán el rumbo del país, para que las personas en tránsito sean respetadas e informadas, aseveró.

La diputada afirmó que en México no deben existir las estancias migratorias. “Quisiéramos que en el país haya lo que se conoce como “ciudad santuario” donde pueden pasar todos los migrantes sin tener que ser reprimidos, pero hoy las circunstancias políticas, económicas y sociales no nos permiten lograrlo, tenemos que trabajarlo”.

La secretaria de la Comisión, diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (Morena), reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, el cual debe ser considerado para cambiar el paradigma de la política migratoria.

Refirió que la migración irregular no debería ser considerada como un hecho que amerite la privación de la libertad sin garantizar el debido proceso, porque la “detención sólo puede plantearse como último recurso priorizando la protección de grupos vulnerables”.

Es necesario transitar del discurso de la nueva política migratoria hacia cambios administrativos y legislativos que permitan poner en el centro de la política a las personas y el respeto de sus derechos humanos.

El también secretario, legislador Ulises García Soto (Morena), dijo que se requiere organizar mesas técnicas para analizar este fenómeno; asimismo, que el Ejecutivo informe qué problemas se presentan durante la práctica para que el Legislativo proponga soluciones.

De AsiLegal, Adriana Aguilar denunció la discriminación y mal trato que padecen quienes llegan a las estancias de detención.

Expresó que el informe evidencia que no obstante la reforma de 2008 a la Ley General de Población, que despenalizó la entrada irregular de migrantes a México, prevalecen condiciones de alojamiento y procedimientos propios del sistema penal en el trato que se da a personas extranjeras que entran al territorio nacional.

La detención de migrantes se da un marco de ilegalidad; es decir, no se informa a la persona cuál es el motivo, qué normatividad está violando y cuáles son sus derechos; además en la mayoría de los casos la detención se realiza con excesiva violencia.

Asimismo, la persona alojada está imposibilitada de abandonar por voluntad propia el lugar porque en todo momento está bajo el control directo de las autoridades; es decir, en los hechos, está detenida y se le da trato cruel, inhumano y degradante.

Otras fallas que se han detectado en las estaciones migratorias, agregó, son los alimentos de mala calidad y echados a perder; no existe personal médico ni medicinas suficientes; se carece de exámenes médicos de ingreso que permitan identificar lesiones compatibles con formas de tortura y malos tratos.

En los casos de mujeres migrantes se han detectado situaciones de abuso de poder por los policías que se ejemplifica a través de favores sexuales. Para las embarazadas no existen protocolos especiales para un trato adecuado y a las familias se les separa y clasifica a partir de criterios de orden operativo y de seguridad.

Consideró que el Estado ha fallado en respetar, promover y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes. “Ha sido omiso en observar el principio del interés superior de la infancia en el contexto de privación de la libertad”.

Ante ello, destacó la importancia de establecer estrategias de prevención, como transparencia en la asignación del gasto y destituir al personal que haya incurrido en faltas.

Puntualizó que la privación de la libertad de las personas migrantes debe desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos. La política migratoria basada en la detención y deportación tiene que terminar porque es anacrónica. “Hay que dar paso a propuestas alternativas adecuadas, a una política de seguridad humana que dé fin a la idea de que la migración es un delito”.

El coordinador de graves violaciones de derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Alan García Campos, expresó que el informe puntualiza que la política de detención es mecánica y automática, que se basa en la detección, detención y deportación.

El hecho de que las autoridades están inhabilitadas legalmente para detener a una persona en situación migratoria irregular evidencia un ejercicio indebido de funciones e invasión de competencias. En este sentido, se proponen medidas de transformación compatibles con los estándares internacionales con los derechos humanos, que deben ser tomadas por el ámbito legislativo.

El Congreso de la Unión, agregó, requiere fiscalizar los recursos asignados. Es fundamental que someta a un escrutinio escrupuloso el ejercicio del gasto público en esta materia, argumentó.

Es urgente poner fin a la detención mecánica de migrantes en situación irregular; la modificación constitucional, en materia de Guardia Nacional, mandata al Congreso de la Unión a dotar de una ley nacional sobre el registro de detención. Es fundamental que en esa ley se incorporen todos los actos privativos de la libertad.

Es prioritario aprobar la reforma a la ley de migración que pretende compatibilizarla con la legislación general en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, pendiente desde abril del año pasado, fecha en que el Senado de la República la aprobó, subrayó.

De la organización civil Sin Fronteras IAP, Ana Saiz Valenzuela, habló sobre la política de la no-detención en México y afirmó que es importante visibilizar el problema porque así las personas detenidas tendrán la posibilidad de acceder a un juez y a un defensor público.

“Con este informe tratamos de visibilizar este tipo de situaciones en las que las personas, de por sí, de venir huyendo de una situación de violencia grave, se les violenta de nuevo privándolos de la libertad y haciéndoles inaccesible el derecho a pedir asilo”.

Es relevante impulsar la armonización de las leyes general de niñas, niños y adolescentes con las de migración y de asilo, porque la detención en México de personas menores de 18 años tiene que estar totalmente prohibida y erradicada.

Es importante lograr un enfoque interseccional para tener un tipo de protección diferenciada para casos de discriminación de mujeres, embarazadas, indígenas, comunidad LGBT; transparentar el ejercicio presupuestal y “adoptar un enfoque de derechos humanos no sólo en el discurso, sino que se vea reflejado en el presupuesto público”.

Es urgente diseñar mecanismos que permitan dar seguimiento y cumplimiento del estado de las recomendaciones internacionales para prevenir la tortura y atenciones arbitrarias.

Es tarea pendiente institucionalizar las alternativas como el primer escalón de una política efectiva de no detención en materia migratoria, garantizar el debido proceso y dar acceso a la justicia de personas migrantes. “Con esto pretendemos contribuir al trabajo que impulsa la Cámara de Diputados de respeto y protección efectiva a los derechos humanos de las personas en movilidad”.

La directora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Instituto Nacional de Migración, Isabel Velasco Luna, informó que trabajan en una política pública con respeto a los derechos humanos a fin de que infantes y adolescentes no acompañados no estén en las estaciones migratorias.

“Buscamos espacios adecuados, como albergues del DIF u organizaciones civiles que puedan dar un mejor alojamiento durante su proceso administrativo migratorio”, dijo.

Es prioridad tener una agenda inclusiva, participativa, tomando en cuenta el interés superior de la niñez; es decir, quien determine debe ser una autoridad competente que cuente con equipo multidisciplinario, como la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

“Solicitamos que todas las procuradurías estatales y la federal determinen el interés superior, para esto se necesita fortalecer a las procuradurías”.

Es importante que a la brevedad se modifique la ley de migración para que se retire el tema de que los niños deben estar en estaciones migratorias y evitar que el Instituto Nacional y la Comar –Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados- determinen el interés superior de la infancia porque no son las indicadas para hacerlo.

“Necesitamos que la Cámara de Diputados impulse este instrumento porque no podemos seguir actuando fuera de la ley; también se debe hacer una adecuación de la ley a los tratados internacionales que protegen más a la persona”, añadió.

El investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, expresó que la crisis humanitaria generada por la migración es un problema constitucional, jurídico y opera “por debajo de la mesa”.

La migración ha crecido de manera desproporcionada en tan sólo 20 años. “Hoy abarca 244 millones de personas en el mundo, y esto es un desafío para cualquier Estado”, porque se presenta como amenaza a la seguridad y las fronteras.

El Estado no ha podido dar solución de manera efectiva, pronta y satisfactoria a la migración irregular. La Constitución tiene un vacío gigantesco en esta materia. “Lo que tenemos como modelo de atención migratoria está por debajo de la Constitución y no arregla el problema”.

Consideró que las condiciones de los centros de atención violan múltiples derechos porque están saturados, el alojamiento es indigno, a las personas no se les da información respecto a sus derechos y son maltratadas.

Ante ello, puntualizó, se debe despenalizar de facto; es decir, romper la regla de la detención inmediata porque ningún migrante irregular es criminal y no tiene por qué ser detenido.

Recomendó abrir oficinas de trámites y generar asilos abiertos y protegidos, que brinden refugio temporal y pensar en “ciudades santuarios” para que la gente pueda permanecer con permiso. Es urgente legislar sobre migración y revisar qué derechos se les reconocen y otorgan.

Boletín de prensa

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