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Necesario defender principio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD), se manifestó por defender el principio del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, por conducto de sus autoridades y en pleno respeto a sus usos y costumbres, a fin de hacer valer los diversos resolutivos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto. 

Al inaugurar el foro “Pueblos indígenas, legislación y políticas públicas. A 10 años de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, refirió que cerca del 77 por ciento de ellos se encuentra en pobreza, por lo que se deben revisar, de manera exhaustiva, los recursos presupuestales y su destino. 

Destacó que su grupo parlamentario promueve citar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, a fin de que informe sobre las acciones para atenuar la pobreza que padece este sector poblacional. 

Afirmó que el alza inflacionaria que impacta la economía nacional afecta las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, cuya situación “de por sí ya es complicada”, acotó. 

Martínez Neri señaló que este encuentro se realiza en circunstancias de alta prioridad, debido a que coincide con el 16 período de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, con el tema “Debate sobre el 10 Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. 

Asimismo, se desarrolla en el marco de la promoción de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se debate en el Senado, la cual mercantiliza el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad y, en particular, los derechos de los recursos naturales de los pueblos indígenas. 

La integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Araceli Madrigal Sánchez (PRD), afirmó que la Cámara de Diputados se siente responsable de sacar adelante las iniciativas que integran la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas; sin embargo, apuntó, aún no se terminan de analizar varios temas en la materia. 

Afirmó que la intención de realizar el foro es avanzar en los trabajos legislativos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México y, sobre todo, para sacar adelante la Ley General de consulta libre, previa e informada de estas comunidades. 

A pesar de que ya se han presentado algunas iniciativas en la materia y de que el Ejecutivo federal se comprometió en la Asamblea de las Naciones Unidas, en 2015, a realizar una armonización con esta Declaratoria de la ONU, aún no concluye el análisis de estos asuntos. 

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Sergio López Sánchez (PRD), expresó que el Estado continúa negando el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, por lo que “seguiremos insistiendo, desde los diferentes grupos parlamentarios, para que esto sea una prioridad en la agenda legislativa”.  

A pesar de que se avecinan tiempos electorales, este tema “no debe obedecer lo coyuntural, sino ser parte de una plataforma para la reconstrucción del Estado en su conjunto”, planteó. 

En el marco del décimo aniversario de la Declaración de la ONU, continuó, la Cámara de Diputados realiza este foro, con el objetivo de analizar los pendientes de nuestro marco jurídico, reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios y evaluar las políticas públicas y los recursos destinados para su desarrollo. 

La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) sostuvo que, pese al contexto internacional “favorable” a los derechos de los pueblos indígenas, en México la incorporación de nuevos derechos a la Constitución y la legislación secundaria respecto al derecho a la consulta, el desarrollo y la protección de conocimientos y tradicionales no se respaldan. 

Estos pendientes legislativos, aseguró, han sido señalados reiteradamente por organismos nacionales e internacionales; incluso, la CNDH emitió recomendaciones a los ejecutivos federal y locales para proponer a sus respectivos congresos propuestas de ley sobre el derecho a la consulta indígena. 

“Los indígenas se encuentran en una situación grave y lamentable; por ello, la importancia de realizar este foro, a fin de concretar los resultados que beneficien a 25 millones de indígenas, pertenecientes a 68 pueblos”, aseveró. 

Carlos de Jesús Alejandro, defensor de los pueblos indígenas y ex diputado federal, dijo que los Estados se comprometieron a armonizar sus legislaciones nacionales, de acuerdo con los compromisos contenidos en Declaración sobre los derechos de estas comunidades; sin embargo, “a 10 años de su promulgación no vemos los avances en la legislación nacional”. 

Enfatizó que, aunado a lo anterior, el presupuesto del año pasado presentó un recorte al anexo 10 y a los recursos destinados a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de 51 por ciento. ¿Cómo vamos a revertir la pobreza?, cuestionó.

“Hoy tenemos un presupuesto insuficiente y discriminatorio para los pueblos indígenas, vemos un retroceso en este tema y un estancamiento en la legislación indígena”, subrayó. 

La asesora de la dirección general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Elia Avendaño Villafuerte, destacó que “continuamos en un impasse que no refleja el respeto a las comunidades indígenas, a pesar de que existen leyes que permiten abrir espacios de avanzada en esa materia”. 

La SCJN señaló que son obligatorias todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia indígena, lo que implica que nuestro sistema jurídico tiene oportunidades para demandar el pleno respeto de sus derechos, acotó. 

Respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada, Avendaño Villafuerte expresó que esta garantía no debe ser un acto administrativo, sino un proceso de decisiones al que corresponde participar a los pueblos indígenas, a través de sus autoridades representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles. 

La falta de reconocimiento de las autoridades indígenas, aseguró, obstaculiza el inicio de los procesos de consulta y corresponsabilidad con los pueblos originarios en toda estrategia de diseño, operación y desarrollo de cualquier plan, proyecto o programa susceptible de afectarles, enfatizó. 

El asesor de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaria de Gobernación, Israel Martínez Ruiz, dijo que las brechas de pobreza de la población indígena en México aumentan, debido a que “existen problemas estructurales no resueltos”. 

Desde 2002 a la fecha, los recursos aumentaron al pasar de más de 15 mil millones de pesos (mdp) a casi 75 mil mdp, es decir, en 15 años creció 5 veces en términos nominales y menos de tres veces en términos reales. Sin embargo, aseguró que es un presupuesto insuficiente, si tomamos en cuenta el tamaño de los rezagos sociales en que se concentra esta población y las políticas de trasferencias. 

Al respecto, resaltó que uno de cada 7 pesos del presupuesto indígena se trasfiere a estados y municipios; sin embargo, es un recurso que nadie reporta. “Se traslada, pero no sabemos qué se hace con este dinero, porque no se rinde cuenta sobre cómo y en qué se gasta”.  

El problema, insistió, no es que haya más presupuesto, sino que llegue a los indígenas y se gaste bien. A lo mejor, bastaría con que esos recursos generen cambios en la participación efectiva de la población indígena, enfatizó.

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