El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), sostuvo que ante la eminente inversión poblacional en el país es necesario crear leyes y programas que prevengan el abuso, abandono, violencia y maltrato hacia los adultos mayores.
Al inaugurar el Foro “Hacia la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, indicó que se contempla para el 2050 que las mujeres de 60 años y más representarán el 23.3 por ciento de la población femenina y los hombres constituirán el 19.5 por ciento de este espectro.
En este sentido, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad y obligación de actualizar el marco jurídico, a fin de garantizarles la prestación de servicios de salud y laborales, permitiendo su inclusión en actividades de la sociedad.
“Es necesario proteger sus derechos humanos, la dignidad y evitar la no discriminación por la razón de edad y, sobre todo, velar para que posean una vida sin violencia”.
Es fundamental impulsar mecanismos que permitan a los adultos mayores independencia y autonomía en la vida productiva. “En nuestro país hay más personas de 60 que de cuatro años, 11.7 y 8.1 respectivamente y las proyecciones indican que el cambio demográfico es irreversible debido a la disminución de la fecundidad y que la muerte ocurre en edades más avanzadas”.
Mesta Soule refirió que el foro tiene como propósito analizar el andamiaje legal, programas sociales y políticas públicas que atienden a la población de adultos mayores, y el contenido de la convención interamericana de los derechos humanos de este sector de la sociedad con la intención de poder ratificarlo.
Este instrumento es un documento regional vinculante que promueve, protege y que asegura el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores.
Esta convención que aún no ha sido firmada por México, prevé que la persona a medida que envejece siga disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma en salud, seguridad e integración activa en las esferas económicas, sociales y políticas.
La Convención Interamericana puede ser referente importante para que el Estado mexicano salvaguarde los derechos humanos de las personas mayores, y reconocer a este grupo por su importante contribución en el desarrollo; sin embargo, se requiere cambiar las políticas públicas que les permitan un trato digno y autonomía como persona.
Mariana Olivera West, directora general de Política Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la población en el mundo está envejeciendo a un ritmo sostenido. De acuerdo con la ONU, a nivel global la proporción de personas mayores crece a un ritmo mayor que la población general. Se calcula que para 2050, habrá dos mil millones de personas mayores en todo el planeta y el 65 por ciento corresponderá a países en desarrollo.
La evolución demográfica plantea nuevos desafíos a fin de atender las necesidades específicas de este sector reconociendo que son sujetos de derechos y no solo receptores de asistencia. El envejecimiento de la población no debe ser ignorado, se deben tener en cuenta desafíos y oportunidades en las políticas nacionales e internacionales de desarrollo.
Señaló que la Convención Interamericana es el instrumento jurídico más avanzado a nivel mundial en la materia, tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
El instrumento consta de 41 artículos que incluyen 26 derechos sustantivos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales; así como el derecho a la no discriminación, indicó.
María de Lourdes Zariñan Martínez, coordinadora del Programa sobre asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, señaló que los adultos mayores enfrentan situaciones que menoscaban su dignidad y su carácter de sujeto de derechos que constituyen un obstáculo para llevar una vida plena garantizándoles el respeto de sus garantías.
Es preciso tomar acciones y estrategias que permitan transformar este panorama; de no realizarse, cada generación que se sume a este rango de edad vera disminuida considerablemente su oportunidad de desarrollo en decremento de su bienestar individual y colectivo.
Indicó que es indispensable construir vínculos de colaboración entre actores públicos, privados y sociales y promover la integración de la perspectiva de derechos de las personas adultas mayores en el trabajo de cada una de las instituciones y dependencias, ya que esto coadyuvará a terminar con la dispersión y aislamiento de las estrategias enfocadas a este sector.
Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría, afirmó que el 70 por ciento de la población de Adultos Mayores poseen una salud física óptima; por ello es pertinente modificar que la imagen social de envejecimiento se asocie con la enfermedad y discapacidad. “Debemos dejar ver a esta población como vulnerable”.
Formar parte hoy de la población de adultos mayores no es sinónimo de decadencia, ya no corresponde con la realidad; los avances médicos han permitido elevar la esperanza de vida a 79.4 años, por lo tanto deben buscarse elementos que garanticen una mejor calidad de vida.
El director general de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ricardo César Aparicio Jiménez, expresó que México tiene retos y desafíos bajo una perspectiva de Estado, en donde un propósito fundamental es erradicar la pobreza.
Comentó que se reconoce que vivir en esta situación no solo implica no contar con recursos económicos, sino también padecer y experimentar una serie de limitaciones asociadas a la falta de ejercicio de derechos fundamentales.
Se necesitan adecuaciones normativas y legislativas para que a lo largo del ciclo de vida y dimensiones del desarrollo, sea la consideración de los derechos fundamentales no solo en materia social sino también civil y política; que se pueda como país hacer y convertir una realidad desde el punto de vista legislativo a la reforma constitucional de derechos humanos.
La investigadora del Instituto Nacional de Geriatría, Martha Liliana Giraldo Rodríguez, explicó que más del 70 por ciento de la población considera que muchos de los adultos mayores tienen un deterioro en su memoria, mala salud, no tienen amigos en comparación con otros grupos de la población y que no aprenden.
El 65 por ciento considera que las personas mayores se irritan con facilidad, son como niños, y alrededor del 43 por ciento de la población considera a los adultos mayores menos productivos, mermadas sus capacidades para resolver los problemas y que los jóvenes trabajan mejor que ellos.
Se necesita una infraestructura adecuada en los servicios de salud, porque en muchas ocasiones los laboratorios o consultorios para que sean atendidos se encuentran en los últimos niveles de los edificios, y para ellos es muy difícil el poder llegar. En tanto, el transporte público no está adaptado a sus necesidades, y cuando si lo está, no se respetan los espacios asignados para ellos.
Edgar Ramírez Medina, director general de Análisis y Prospectiva de la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, mencionó que a la población de adultos mayores se les debe dar apoyos diferenciados que conlleven a realizar acciones compensatorias que les permita vivir con dignidad.
La firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, contribuirá a que el Estado mantenga una visión equilibrada a mediano y largo plazo, que logré atender las carencias sociales de este sector y se creen condiciones para su inclusión al desarrollo del país.