home Perspectiva de género Minuta en materia de violencia política “se queda corta”; no se señala como tipo penal ni se establecen medidas cautelares

Minuta en materia de violencia política “se queda corta”; no se señala como tipo penal ni se establecen medidas cautelares

La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la minuta enviada por el Senado de la República en materia de violencia política significa un avance, pero “se queda corta porque no se señala específicamente como un tipo penal la violencia en razón de género y no se establecen medidas cautelares ni reparación del daño en caso de acreditarse dichas circunstancias”.  

Durante el Conversatorio "Democracia sin violencia política contra las mujeres", la diputada precisó que en esta minuta “necesitamos ir más allá, porque quizás haya aspectos en los que, en su momento, no se pudo avanzar de la manera que se hubiera deseado o que aspiramos muchas de las mujeres”. 

Expresó que finalmente en un Congreso las decisiones se toman por consenso, por acuerdo de las mayorías, y en este caso para llegar al Pleno con un dictamen en específico de las comisiones, “posiblemente con una adenda modificando la minuta del Senado”. 

Estimó que se tiene un gran reto, pero también una gran oportunidad para enriquecer la minuta y avanzar de manera significativa en la atención a la violencia política en razón de género.  

Detalló que algunos aspectos que contiene la minuta significan un avance en la materia, ya que define a la violencia política en razón de género, las manifestaciones, las formas de comisión por acción, por omisión, las sanciones a quienes incurran en incumplimiento a sus obligaciones en esta materia y los compromisos que tendrían los ciudadanos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las candidatas y los candidatos en materia de género.  

Establece, dijo, el principio de no violencia como un principio fundamental al que estamos obligados todos los ciudadanos. Y le da facultad al Instituto Nacional Electoral (INE) a intervenir y establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política por razón de género.  

Mencionó que en el caso específico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se le faculta para promover y proteger el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además, amplia la obligación de los partidos políticos de hacer efectiva la participación de las mujeres y que en la distribución de las prerrogativas haya un criterio equitativo entre hombres y mujeres. 

También, agregó, se señala la obligación de candidatas, precandidatos, de abstenerse de ejercer actos o expresiones que constituyan violencia política con razón de género y que esto pueda ser replicado en concordancia en otras entidades federativas.  

Enfatizó que no solamente en el ámbito político sino también en el profesional, la participación de las mujeres no ha sido fácil ni tampoco ha sido gratuita.  

“Las mujeres que hemos participado hemos tenido que hacerlo acreditando todos los días capacidad, competencia, firmeza de carácter, honestidad y congruencia, porque de otra manera, las circunstancias, incluso en el ambiente laboral y dentro del propio partido al que podemos pertenecer cada una de nosotras, buscarían pasar por encima de estas capacidades”, enfatizó.  

Refirió que es frecuente que a una candidata se le cuestione si tiene la capacidad de gobernar, si tiene la firmeza de carácter, si el hecho de que esté casada o que haya estado casada con una u otra persona no vaya a influir en las decisiones que tome.  

Consideró que hoy se tiene esta enorme oportunidad. “Sabemos, quizás, hasta dónde queremos llegar, ojalá y lo logremos, pero también es importante el que la oportunidad para legislar de este tema es hoy, aquí y ahora”, puntualizó. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, lamentó que a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la vida política, se incrementa también el riesgo de ser víctimas de distintas formas de violencia. La violencia política contra las mujeres es una realidad que no podemos minimizar, ocurre de manera frecuente sin distinción de colores partidarios.  

Precisó que algunas de sus manifestaciones más notorias son: sustitución a último momento de municipios y distritos ganadores por municipios perdedores para que esos lugares sean asignados a hombres; las mujeres son registradas como candidatas en último momento, sólo para cumplir con la paridad; una vez que han ganado las presidencias municipales, muchas enfrentan presión y distintas formas de violencia política para que renuncien al cargo y suban los hombres que van en la segunda posición de la planilla.  

Asimismo, mujeres electas para desempeñar el cargo de síndicas en municipios están siendo destituidas, básicamente para separarlas de la Comisión de Hacienda, espacio importante para la toma de decisiones y en la que se coloca a hombres. Otras viven agresiones y violencia política por razón de género como hostigamiento sexual, amenazas de atentar contra la vida de sus hijos e hijas, campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, agresiones físicas y verbales.  

Enfatizó que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en estas formas de violencia y llamó allanar el camino de participación política de las mujeres y poner un límite a obstáculos y trampas que se crean para no cumplir con la ley. 

Martínez Neri consideró que los partidos políticos son instituciones públicas que utilizan uso de recursos públicos, por lo que es necesario que las instituciones electorales den puntual seguimiento a las acciones y estrategias para sancionar la violencia política que se ejerce sobre ellas. También se deben promover transformaciones culturales orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.  

Se pronunció por debatir, enriquecer y aprobar, a la brevedad, las reformas propuestas por el Senado de la República. “Emprendamos los deberes necesarios para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, con la imperiosa certeza de que todas y todos asumamos el compromiso de erradicar la violencia política en contra de las mujeres”. 

La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián, afirmó que hay amenazas y presiones “cuando ejercemos nuestro derecho a participar en la toma de decisiones de nuestro país y muchas mujeres han sufrido la violencia extrema que es el asesinato y feminicidio. Los hombres se organizan para hacerles la vida imposible a las mujeres que gobiernan”.  

Esas violaciones a nuestros derechos obedecen a que todavía se piensa en una construcción de procesos democráticos como una asignación masculina; “hemos demostrado que no es así, hay capacidad en las mujeres, profesionalismo y talento para ser pilares de la democracia en México”, sostuvo.  

Resaltó que “la violencia política que sufrimos se da en todos los partidos sin distinción y todas las mujeres tenemos nuestras complicaciones desde nuestros procesos internos partidarios para poder tener acceso a estos espacios”.

 Es indispensable sumar esfuerzos y voluntades para concretar acciones y considerar la violencia política como un delito. “Ya basta que se nos asignen registros a distritos donde nuestros partidos pierden de manera histórica, que se descalifiquen nuestras propuestas o, incluso, que nos critiquen por nuestra vida privada”.  

Contreras Julián urgió aprobar la minuta enviada por el Senado de la República, no se puede avanzar a que inicie el proceso de elección de 2018, sin contar con un marco mínimo para hacerle frente y que las instituciones puedan actuar.  

El Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto Castillo, expresó que en muchas ocasiones los tipos penales que se actualizan en casos de violencia política de género, tienen que ver con lesiones, violación, amenaza y daños, “por tanto estos no sólo deberían ser analizados desde la perspectiva de la Ley General en materia de Delitos Electorales”. 

Reconoció que la minuta tiene avances en cuatro tipos penales, los cometidos por cualquier persona; funcionarios; dirigentes partidistas y candidatos e incluso fedatarios o fedatarias públicas. “Es un avance el agravante, pero sigue la discusión de que es incompleto. Se debe medir no sólo de forma cuantitativa los casos sino desde la perspectiva cualitativa de cómo han ido pasando”.  

Consideró que México está a escasos espacios de llegar a tragedias más fuertes en el tema de violencia política contra las mujeres. Por ello, es importante que la normatividad reaccione frente a la problemática que vive la sociedad.  

“Hay avances, como el protocolo y medidas de protección, pero debemos darnos cuenta que muchos casos llegan con los jueces que se declaran incompetentes y remiten los expedientes a las procuradurías y fiscalías locales, cuando el problema de estas es que no siguen los casos en el ámbito de los órganos jurisdiccionales locales”.  

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Margarita Favela Herrera, expresó que actualmente no se tiene una ley que defina la violencia política contra las mujeres ni mucho menos en materia electoral y, por tanto, “no tenemos alguna facultad específica”.  

Se congratuló de que la minuta del Senado de la República que se encuentra en la Cámara de Diputados, define dicha violencia y faculta al INE para actuar cuando se denuncia un caso como este y así proceder con mayor seguridad. “Desde el punto de vista institucional, esto es una avance; esperamos se apruebe en esos términos para tener el marco legal”.  

Calificó como imposible que en pleno siglo XXI se den casos de violencia política contra las mujeres. Denunció que autoridades estatales y municipales no hacen los esfuerzos suficientes para que las mujeres puedan ejercer cargos sin correr riesgo. “Hay una gran deuda; debemos contemplar la violencia política contra las mujeres como un delito y lograr que exista un tipo penal”. 

Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuestionó si realmente esta minuta es un avance sustancial, ya que “no es suficiente para atender, prevenir ni mucho menos erradicar la violencia política que se ejerce todos los días en contra de las mujeres que deciden participar políticamente y ejercer un derecho”. 

Destacó que la militancia en la mayoría de los partidos políticos son mujeres, más del 50 por ciento, pero no así están representadas en igualdad de circunstancias en sus órganos directivos. “Si no dejamos de concebir el poder público como un bien o patrimonio de los hombres, no vamos a lograr el cambio cultural que se requiere para romper los círculos y fenómenos de violencia que viven las mujeres”. 

La minuta, añadió, no contempla ni faculta al Inmujeres para la promoción de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres; no se habla de reparación de daño ni de medidas cautelares. Agregó que la violencia política no es un acto que se da por la lucha de particos, sino que es un tema en contra del ejercicio del poder público por parte de las mujeres. Es necesario un tipo penal de la violencia política, insistió. 

Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, resaltó que este país ha dado un gran paso para legislar sobre paridad y esto se refleja en el ámbito parlamentario. No obstante, dijo, se requiere tener un marco jurídico claro para las próximas elecciones y que esta legislación sea contundente, protectora y garante de derechos humanos.

 Coincidió en que la minuta tiene déficit en materia de derechos humanos, cuando en el país existe desigualdad estructural, discriminación y violencia. Agregó que diversos estudios muestran que hay una falta de acceso equitativo a los medios de comunicaciones para mujeres candidatas; normalmente hay menos tiempo para ellas, además hay estereotipos y ciberviolencia. 

Hizo votos por abordar la violencia y el acoso político contra las mujeres, pues en México el 67 por ciento de esta población han sufrido alguna forma de agresión.  

Debe existir una definición clara del tipo de delito y a qué se le llama violencia política; establecer una línea entre discriminación y violencia; incluir medidas de prevención y de protección; prever sanciones administrativas y penales; defender los derechos políticos de las mujeres; clarificar las medidas cautelares y contemplar la reparación del daño, enfatizó.

 

 

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