México debe emprender acciones para atraer inversión privada en la transición del uso de energías limpias, para colocarse como líder en América del Norte en el combate a la emisión de gases de invernadero, luego de que Estados Unidos tomó la decisión de abandonar el Acuerdo de París, coincidieron la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel C. Esty, director del centro de Derecho y Política Ambiental de Yale.
En reunión de trabajo, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN y el experto de Yale, destacaron que México puede fortalecer sus lazos con Canadá para mantener las acciones en el Continente de América, en especial por la buena relación y acercamiento entre los gobiernos de ambos países.
La senadora Garza Galván anunció que la comisión que preside prepara una iniciativa de ley integral de seguridad climática, estructurada de manera responsable y con la opinión de especialistas nacionales e internacionales, por lo que en breve la presentará ante el Pleno.
Destacó que se tiene que prestar atención a la cuestión de la innovación, pues es clave en el combate al cambio climático, lo que impulsará los recursos necesarios hacia las universidades, donde está la academia y los investigadores, que son las semillas que traerán un mejor futuro a México.
En cuanto a derechos humanos, anotó, es necesario “hacer un ajuste a los compromisos que tiene cada país frente al cambio climático”; el reto, apuntó, es que cada nación acepte el compromiso de emitir contaminantes que afectan a su población, así como a la de otras naciones.
Daniel C. Esty dijo que México tiene “una oportunidad de oro, la de reunir a los grandes empresarios mexicanos y a los de Canadá, para demostrar que los países antes líderes, ya no lo son” y consideró que el primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau, aceptaría con gusto un acuerdo ambiental.
Frente a los problemas de contaminación, el reto de México, agregó, es mostrar liderazgo en América del Norte, “en lugar de que se desmorone por decisiones de Trump”.
Llamó al Senado a emprender las acciones legislativas necesarias para promover la inversión privada, “porque el fondo verde para financiamiento, no lo va a haber”.
La transición de la energía fósil a la renovable tardará de 20 a 30 años, lapso en que el Congreso mexicano debe impulsar la innovación en la política pública para emprender ahorros e inversión, así como emitir leyes que establezcan una estructura básica de directrices en la medición de contaminantes y sus efectos sociales y económicos, puntualizó.