Washington, D.C. / Managua – A tres meses de los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verifica el incremento de la represión en Nicaragua. En su tercera semana de trabajo el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) constató en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades.
Esta semana, de acuerdo a la información registrada por el MESENI en el terreno, 11 personas habrían sido muertas y un centenar habrían resultado heridas, lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas, el 18 de abril de 2018, a 277 personas asesinadas y más de dos mil heridas.
El MESENI constató y documentó el despliegue de operativos y actos de represión en contra de la población de diferentes ciudades con las que se mantenía una diálogo para alcanzar próximamente una disolución espontánea y pacífica de tranques como Diriá y Diriomo, en Granada; Niquinohomo, Catarina, La Concepción y Monimbó, en Masaya; Lóvago, en Chontales, entre otras. La CIDH lamenta y condena que el Estado haya recurrido a la violencia en lugar de continuar con el diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis.
El día 9 de julio, un grupo de sacerdotes fue agredido por al menos 100 personas, quienes les profirieron insultos, amenazas y golpes al interior de la Basílica San Sebastián, de Diriamba. Entre las personas heridas se encontraba el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega, beneficiario de medidas cautelares. Además, dos periodistas presentes también sufrieron agresiones, incluyendo golpes y robo de su equipo. La CIDH y la OACNUDH, en un comunicado de prensa conjunto, condenaron los hechos y alertaron la estigmatización contra integrantes de la Iglesia Católica por sus labores de protección a la integridad física de las personas manifestantes y por su fundamental rol en la mediación del Diálogo Nacional.
El 12 de julio, en Morrito, Río San Juan, se habría registrado un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes. Según fuera informado por el Estado, el enfrentamiento habría resultado en cinco personas muertas, entre ellas, cuatro agentes policiales y un profesor. Asimismo, el MESENI documentó el ataque perpetrado el viernes 13 de julio en contra de estudiantes y manifestantes resguardados en la UNAN. Según la información disponible, aproximadamente a las 3 de la tarde, agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales iniciaron ataques contra las barricadas ubicadas en los alrededores de la Universidad con el objetivo de ingresar a las instalaciones. Ante la intensidad de las agresiones y el despliegue desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, los jóvenes abandonaron las barricadas y tranques para salvaguardar su vida en el interior del recinto universitario. Minutos más tarde las instalaciones universitarias fueron ocupadas por las fuerzas del Estado, por lo que las personas heridas y los jóvenes huyeron a las instalaciones aledañas de la iglesia de la Divina Misericordia.
El MESENI de la CIDH acompañó a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS) y constató que los ataques contra la iglesia de la Divina Misericordia por parte de las fuerzas del Estado, se prolongaron durante toda la noche y la madrugada del 13 de julio, lugar en el que se encontraban personas heridas, jóvenes, sacerdotes y tres periodistas de medios nacionales e internacionales. El MESENI, asimismo, constató la negativa y obstaculización del Estado para permitir a la Cruz Roja Nacional, acompañada por la CVS y la CIDH, el acceso a las instalaciones para la atención y traslado de heridos y garantizar la vida e integridad de quienes se encontraban refugiados, lo que se permitió apenas horas más tarde. Después de más de 20 horas, las personas heridas y refugiadas en la iglesia de la Divina Providencia pudieron ser evacuadas a la Catedral de Managua gracias a la mediación del Nuncio Apostólico, la Conferencia Episcopal y la CVS. El resultado del ataque habría dejado dos personas muertas y, al menos, 16 heridos. El MESENI recabó información relativa al temor de los estudiantes de ser perseguidos y detenidos al salir de la Catedral de Managua.
La mañana del 15 de julio, en los municipios de Diriá, Diriomo, Catarina, Niquinohomo y Masaya, se perpetraron otros operativos armados en el marco de la operación limpieza. De acuerdo con información disponible, como resultado de los operativos habrían, al menos, 10 personas fallecidas. El domingo 15 de junio, a través de comunicado de prensa, la Policía Nacional informó sobre la muerte de un agente en Masaya. Adicionalmente, el 17 de julio, el MESENI documentó otro operativo realizado en Monimbó, Masaya, por agentes de la Policía Nacional con el objetivo de desmantelar los tranques en la ciudad que se habría extendido por más de 7 horas.
Es de destacar que, en el marco de la intensificación de los operativos de limpieza, el MESENI y el personal de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre el terreno han constatado el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional.
Dada la intensificación de las acciones armadas de limpieza de tranques, ocurridas en el contexto de la llamada “operación por la paz”, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión. Asimismo, Nicaragua debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil, con apoyo y aquiescencia del Estado. Para ello, debe investigar los hechos en los que han participado, así como identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado.
La CIDH hace un llamado aun para el hecho que en cualquier contexto de represión, el Estado garantice la atención médica y la evacuación de las personas heridas. En este sentido, reitera el llamado al Estado de ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en el contexto de los operativos desplegados en todo el país. Así como reitera la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: (a) número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; (b) causas de detención; (c) duración de la privación de libertad; (d) lugar de detención; (e) número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas iniciadas a partir del 18 de abril, y (f) número de personas excarceladas. La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas.
Por su parte, en el periodo del 9 al 16 de julio, la CIDH recibió 15 comunicaciones del Estado reportando más de 40 casos de secuestros, 9 alegaciones de tortura; 3 incendios; 13 personas asesinadas y 31 heridas por armas de fuego. Algunas de estas comunicaciones refieren que quienes viven en las inmediaciones de los tranques habrían sido intimidados y amenazados para mantenerlos. La CIDH condena las acciones que atentan contra la vida y la integridad de todas las personas, sin distinción y reitera que todas estas acciones deben ser debidamente investigadas y sancionadas, en el marco de un debido proceso judicial que cumpla con los estándares de derechos humanos que corresponden. Según fuera informado por el Estado, estos hechos habrían sido cometidos por “grupos armados delincuenciales”, también referidos como “terroristas». El Estado de Nicaragua habría informado que, en conjunto, los hechos de violencia ocurridos en la UNAN-Managua, en Jinotepe y en Diriamba habrían resultado en daños a bienes públicos de 16 instituciones por saqueos, incendios y destrucciones de propiedad, 14 vehículos del gobierno robados y/o destruidos, 8 casas privadas saqueadas, 6 ocupaciones ilegales de instituciones y daños a centenas de transportistas centroamericanos de carga internacional en un tiempo no especificado. Al respecto, frente a los operativos de “limpieza” que viene realizado el Estado, la CIDH reitera que tiene la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público, la cual recae en sus agentes de seguridad.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país, advirtió que «se debe poner fin inmediato a la represión y los ataques en contra de la población manifestante y opositora, así como las detenciones arbitrarias”. En este sentido, remarcó que: “no es aceptable que las cifras de muertos y heridos vayan creciendo cada día, y que principalmente sean los jóvenes las personas más afectadas. El Estado debe proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas en primer lugar”.
Por otro lado, el MESENI nota la existencia de un patrón de represión caracterizado por las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos. Durante la tercera semana de trabajo, el MESENI observó una narrativa acusatoria exacerbada por las autoridades del Estado. Por ejemplo, el viernes 13 de julio, a través de un comunicado oficial, el Estado informó sobre la detención de Medardo Mairena Sequeira, integrante del movimiento campesino, e integrante de la Comisión de Verificación y Seguridad del Dialogo Nacional, como “responsable directo de la masacre y los asesinatos de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria” en Morrito, Río San Juan.
El MESENI expresa su profunda preocupación por las circunstancias de la detención de Medardo Mairena Sequeira y su acompañante Eduardo Mena. El MESENI fue informado que los señores Medardo Mairena y Eduardo Mena no habrían tenido acceso a un abogado ni contacto con sus familiares y, además, recibió información preocupante sobre una campaña de persecución judicial contra otros integrantes del Movimiento Campesino y sus familiares. La detención de Medardo Mairena bajo cargos de asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, entre otros, y la falta de anuencia para permitir el acceso público a presenciar la primera audiencia judicial en este caso, junto a otros hechos del mismo tipo en otros casos de personas detenidas, muestran la violación a los derechos humanos de las personas defensores de derechos humanos y líderes sociales. En este contexto, fue impedida la visita de parte del equipo MESENI al centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial el Chipote, así como el acceso a las dependencias del Complejo Judicial de Managua para presenciar la audiencia en la que se informarían los cargos en contra del referido activista campesino.
Al respecto, pronunciamientos como “terroristas” y “delincuentes” no sólo están destinados a deslegitimar la labor de personas defensoras, periodistas y líderes sociales, generando un contexto adverso para la defensa de los derechos, sino que además constituyen la antesala del inicio de acciones penales y procesos judiciales en su contra. La CIDH ha reiterado que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos. La CIDH considera que las declaraciones estigmatizantes en contra de defensoras y defensores pueden llegar a lesionar tanto el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra y dignidad y el principio de presunción de inocencia. En particular, la Comisión considera que las manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos sean de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia o apoyo del gobierno. La CIDH ha recomendado que los gobiernos den instrucciones precisas a sus funcionarios para abstenerse de hacer declaraciones que los estigmaticen.
El Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren, expresó que “resulta de crucial importancia que las autoridades estatales, desde las más altas esferas, reconozcan públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos como una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no actúan en contra de las instituciones del Estado, sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.
Un video que circuló en redes sociales esta semana, titulado “El facismo ordinario presente en Nicaragua” (sic), sostiene que “el golpe de estado fallido fue perpetrado por la Iglesia Católica, Medios de Comunicación, Sociedad Civil y Políticos Corruptos”. El mismo video exhibe imágenes de varios periodistas a quienes acusa de “responsables”, y de llevar adelante una “guerra mediática” y de producir “fake news” (noticias falsas). Según este documental, instituciones como “la conferencia episcopal de forma inmisericorde y queriendo buscar la desestabilización del país, encubre a los delincuentes en las iglesias”; “la guerra mediatica tritura a la población con las famosas `fake news`, medios de comunicación, redes sociales y espacios televisivos que transgreden la ley”; y “los miembros de la sociedad civil pervierten sus funciones uniendose al facista golpe de estado en contra del pueblo de Nicaragua” (sic).
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión observan con grave preocupación esta situación, y recuerda que “[l]os periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su labor en el marco de una manifestación pública, […] no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros”.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La CIDH reitera su rechazo a cualquier tipo de expresión o discurso intimidatorio de altos funcionarios y líneas editoriales o informativos de medios públicos del Estado en contra de la ciudadanía, dirigentes, defensores de derechos humanos y periodistas, como forma de disuadir el derecho a la manifestación, estigmatizarlos o deslegitimarlos, y recuerda además la obligación del Estado de dar protección y prevención a periodistas que, en el contexto de las protestas sociales, se encuentran en situación de riego.
La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos. «Resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización.
Por otra parte, en cumplimiento de su mandato, el MESENI formalizó al Estado su interés de realizar una visita a la cárcel la Modelo, así como a la galería 300 Alcaide Evenor Centeno de máxima seguridad, para hacer un recorrido en sus instalaciones y a entrevistarse con las personas privadas de la libertad. El Estado autorizó al equipo técnico visitar las instalaciones de la Modelo el lunes 16 de julio y entrevistar a cinco personas detenidas, entre ellas, los colaboradores de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) detenidos en el departamento de Rivas. En esta oportunidad, las autoridades del Sistema Penitenciario no permitieron a la CIDH visitar las instalaciones de máxima seguridad porque implicaría un riesgo para el equipo del MESENI. A partir de las entrevistas realizadas, el MESENI constató con preocupación que las personas detenidas en las instalaciones de máxima seguridad no cuentan con acceso a sus abogados, ni mantienen contacto con sus familiares. Asimismo, que han recibido un trato diferenciado en relación con las otras personas detenidas en la misma galería de máxima seguridad consistente en la ausencia de provisión de comida con la misma regularidad que los demás, el sellamiento de sus ventanas de acceso al exterior de las celdas, falta de provisión de colchonetas y cobijas. El MESENI recibió relatos de que las condiciones de detención mejoraron un día antes de la visita. En este sentido el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, reiteró “la importancia de garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado. En lo particular, asegurar el derecho a la defensa jurídica desde el momento de la detención, e informar de manera inmediata a los familiares sobre el lugar donde se encuentra, así como sobre los motivos de la detención”. La CIDH espera que seguir contando con la disposición del Estado de Nicaragua que permita al MESENI continuar verificando la integridad personal y las garantías de acceso a la justicia de las personas detenidas, sin restricciones, conforme a sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Las personas entrevistadas también informaron al MESENI que habrían sido detenidas por las actividades que realizan como colaboradores de la CPDH. La CIDH ha recibido información sobre imputaciones que habrían sido formuladas sobre bases falsas, la demora en la presentación ante la autoridad judicial, incorrecciones e imprecisiones sobre datos asociados al lugar y fecha de detención, entre otras. Aunque el MESENI no logró tener acceso a los expedientes legales en esta visita, a partir de los testimonios recabados, resulta especialmente preocupante que las personas entrevistadas estén detenidas en un módulo de alta seguridad en razón de las labores que realizaban asociadas a la defensa de los derechos humanos. Al respecto, la Comisión exhorta al Estado de Nicaragua al cese de las detenciones arbitrarias y reitera su obligación de garantizar el debido proceso de las personas detenidas conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas defensoras de derechos humanos que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos.
Por otro lado, el MESENI, en el marco de sus funciones de desarrollar las capacidades de la sociedad civil, capacitó a 25 personas de la sociedad civil en un taller sobre los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) llevado a cabo el día 13 de julio. Adicionalmente, impartió información sobre los mecanismos del SIDH, el 14 de julio, en un encuentro sostenido con la sociedad civil y parte del equipo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Nicaragua) con cerca de 30 víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El MESENI seguirá desarrollando acciones formativas sobre los estándares del SIDH.
El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, reafirmó “es de fundamental importancia reanudar el Diálogo Nacional en el país con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta crisis de derechos humanos”. En este sentido alertó la importancia de que «cualquier acción realizada de desmovilización debe pasar previamente por la Comisión de Verificación y Seguridad, a partir de un plan pactado y transparente que garantice la integridad física de las personas, sin represalias”. Asimismo reiteró que: «La CIDH, por medio del MESENI, seguirá actuando bajo su mandato de protección, monitoreo y promoción, así como asistiendo a la Comisión de Verificación y Seguridad”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia