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Los operadores de Zebadúa en La Estafa Maestra: del Gobierno del Distrito Federal a Sedatu

Miriam Castillo

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

 

Primero trabajaron en el GDF, después estuvieron en Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. Tienen vínculos con una empresa acusada de falsificar comprobantes y firmaron convenios que derivaron en presuntos desvíos por al menos 300 millones de pesos. Hoy los investigan autoridades federales.

El gobierno de la República investiga a exfuncionarios del equipo de Emilio Zebadúa que fueron parte del esquema de presunto desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

 

Documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponen en la mira de las autoridades a distintos operadores del exoficial mayor durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, detenida el pasado 13 de agosto por una denuncia de desvío de recursos públicos.

El grupo, que está ligado a través de empresas, propiedades y conexiones políticas —que surgen desde su paso por el Gobierno del Distrito Federal— se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo las órdenes de Emilio Zebadúa y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra.

Se trata de Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, hoy investigados por autoridades federales. 

 

Los tres fueron directores en Sedesol: en la división de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sonia Zaragoza estaba encargada de la administración de bienes materiales; mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, según información de Declaranet.

 

Los documentos oficiales muestran, además, que Emilio Zebadúa, Enrique Prado y Sonia Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3 mil millones de pesos.

El posible vínculo con actividades irregulares de los funcionarios que hoy son investigados, se publicó en La Estafa Maestra en septiembre de 2017, pero también en un reportaje sobre la fabricación de facturas y documentación de entregables que publicó Aristegui Noticias en junio de 2018.

 

Claudia Morones y Sonia Zaragoza

A Morones, Zaragoza y Prado los une una red de empresas y propiedades. Para explicar el vínculo, hay que mirar la revelación del equipo de Aristegui Noticias del 30 de junio de 2018, cuando reportó que la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog se dedicaba a elaborar facturas, entregables, contratos e incluso actas constitutivas para La Estafa Maestra.

 

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