«En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia», afirmó este miércoles la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien pidió a los Gobiernos de América Latina y el Caribe que tomen todas las medidas posibles y que garanticen un «regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad».
Michelle Bachelet indicó que, ante el regreso voluntario de migrantes a sus países de origen, los Gobiernos están obligados a recibirlos y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. En caso contrario, colocan a estas personas «en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19».
Asimismo, recordó que normalmente es a los migrantes más pobres a quienes se impide el regreso cuando tratan de volver a su hogar a través de fronteras terrestres, tras haber sido privados de sus ingresos a causa de las medidas de confinamiento.
«Los Gobiernos deberían incluir a todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del COVID-19, y deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social», añadió.
El reciente ejemplo de Chile y Bolivia
Bachelet tomó como ejemplo la colaboración y medidas tomadas por Chile y Bolivia durante el punto muerto en el que se encontraba el retorno de los ciudadanos bolivianos a su país, tras el cierre de fronteras el pasado 26 de marzo.
Unos 1300 bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños, que trataban de regresar a su país quedaron atorados en el lado chileno de la frontera y cientos de ellos se vieron forzados a dormir a la intemperie, con escasa agua y comida, y temperaturas inferiores a cero grados centígrados.
Ante esta complicada situación humanitaria, las autoridades chilenas transportaron a inicios de semana a unos 1000 migrantes de Colchane a la capital regional de Iquique, donde los instalaron en escuelas y les proporcionaron acceso a cuidados sanitarios y otros servicios básicos.
A finales de semana, se prevé el traslado de la mitad de ellos de Iquique a Pisiga, «un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera, donde un equipo de las Naciones Unidas ha asistido a las autoridades locales y a agentes humanitarios en la prestación de servicios básicos para los migrantes, evaluando sus necesidades y reforzando su protección».
La expectativa para el resto de migrantes es que sean trasladados de Iquique a sus hogares en Bolivia, tras finalizar la cuarentena obligatoria de catorce días que exigen las autoridades bolivianas.
Bachelet también indicó que ante la posible llegada de más migrantes bolivianos a través de las fronteras de otros países «es fundamental que las autoridades estatales y locales les garanticen un regreso seguro a sus lugares de origen y los ayuden a reintegrarse en sus comunidades.»
La Alta Comisionada señaló que le entristece ver cómo la pandemia del COVID-19 provoca «estigmatización y discriminación tanto entre Estados como dentro de ellos».
«Las personas que han contraído la enfermedad necesitan que les presten atención médica, no que las conviertan en víctimas del odio y el rechazo. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben ser protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada», recordó.
Boletín de prensa de la ONU