Legisladoras de México y Bolivia, catedráticas y activistas urgieron la construcción de un marco jurídico económico y laboral que garantice la inclusión e igualdad de oportunidades para las mujeres, porque es preocupante la existencia jurídica de “huecos y lagunas” que impiden resolver de manera efectiva la violencia en su contra, como la obstétrica y en particular el feminicidio.
En el Foro Internacional “Estado de México. Estado Feminicida”, la diputada de Morena, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el feminicidio en México no puede ocultarse y debe dársele la importancia que exige para solucionarlo.
Lamentó que el Estado de México ocupe el primer lugar en la incidencia de ese delito a nivel nacional.
En el segundo día del foro, organizado por Morena, en el módulo “La sociedad machista y el Estado feminista” se revisaron los diversos tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres, incluidas las formas institucionales de discriminación y la problemática intercultural, parte intrínseca de la violencia de género.
Por Bolivia, la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra Arraiza, apuntó que por el nivel de violencia en contra de la mujer en su país, del 2013 al 2015 se registraron 270 feminicidios. “Son mujeres que han sido asesinadas por sus parejas por celos, violación seguida de asesinato, porque les pedían dinero para la renta o las encontraron siendo infieles”.
Comentó que a su nación llega “información terrible” de México, considerándolo como un país donde existe violencia por clase de género, pero hoy “vengo a exponer que es posible vivir de otra manera, por medio de la organización de movilizaciones sociales, ya que son las que demandan al gobierno el buen funcionamiento de las políticas públicas”.
La ley aprobada hace tres años para combatir la violencia de género “no ha logrado reducir el número de mujeres asesinadas, pero sí ha establecido mecanismos para que ellas sepan a dónde llegar si sufren violencia. Se ha tipificado específicamente el feminicidio en el Código Penal y se ha visibilizado ante la sociedad que son víctimas de violencia y de asesinato sólo por su condición de mujeres”.
Resaltó la existencia de 17 tipos de violencia tipificados también en el Código Penal boliviano, como la psicológica, sexual, física, económica.
Destacó que en Bolivia un hombre que haya sido acusado de violencia en contra de su pareja, está impedido legalmente de ocupar un puesto público. “No podemos avanzar solas, se requiere vincular la causa femenina con la de los indígenas, campesinos y obreros porque todos son víctimas de la misma opresión y del sistema patriarcal”.
Señaló que en América Latina, Bolivia tiene la mayor representación política de las mujeres en el Congreso; el 51 por ciento del total son diputadas y el 49 por ciento son senadoras, tendencia que se repite en las alcaldías y asambleas locales. Refirió que el Tribunal Supremo Electoral estableció la obligación a los partidos políticos de inscribir el 52 por ciento de mujeres en sus listas de elección popular.
Refirió que en su país hay avances legales en la Constitución y en diversas leyes; no obstante, se requiere empoderar más a las mujeres para que participen y discutan las agendas legislativas de género, porque falta sensibilización y mayor conciencia que erradique el miedo a aprobar leyes que castiguen a los hombres que violentan a sus parejas.
Mirel García, promotora de la conservación de las lenguas de pueblos originarios, indicó que para evitar la violencia entre las mujeres y hombres es necesario que la educación esté basada en valores como el respeto y en la importancia de dialogar.
Aseguró que el empoderamiento de la mujer no sólo debe enfocarse en enseñar a las mujeres a ser fuertes y plantarse seguras, sino educarlas a que difundan a sus hijos varones a que cuiden y respeten a las mujeres. “No podemos fortalecer a una mujer y descuidar al varón porque entonces eso no es justicia”.
Silvia Loggia, representante de la Asociación Mexicana de Partería afirmó que la violencia obstétrica es un grave problema de la mujer en el país por la mortalidad durante el embarazo, parto y puerperio. El 80 por ciento de muertes maternas pudieron evitarse por la capacidad tecnológica y el acceso a atención médica. Sin embargo, por su incidencia se ha convertido en un problema de salud pública.
Aseguró que sólo el 20 por ciento de los fallecimientos no pueden evitarse, derivados de una enfermedad prevalente, hemorragias y elevación de la presión arterial durante el embarazo.
La muerte materna se vincula a la pobreza y condiciones de vulnerabilidad en zonas indígenas porque las mujeres no acceden a los servicios de salud de forma oportuna y con la calidad requerida. De hacerlo a través del Seguro Popular, que no ofrece una cobertura universal, se ha detectado que el 50 por ciento de las afiliadas fallece por la deficiente atención durante la formación y nacimiento del bebé, y en la recuperación posparto.
Propuso reivindicar el quehacer de las parteras en el país, capacitarlas y certificar su labor porque son parte del sistema de salud al ofrecer atención oportuna a las mujeres de zonas marginadas cuando el Estado incumple su obligación de cubrirla.
Requieren reconocimiento y un pago justo por sus servicios, ya que cobran entre 100 a 300 pesos por parto, y 30 pesos por masaje, pese a que atienden las necesidades de las mujeres y son un soporte emocional. Lamentó que haya poca voluntad política para avanzar en este proceso.
Dijo que las especialidades médicas con mala práctica más evidente son la ginecología y obstetricia, ya que provocan daño permanente y muerte en el 53 por ciento de las mujeres que solicitan este servicio de acuerdo a una evaluación de entre 2003 y 2007; a la fecha no hay evidencia actualizada para mejorar la política pública en materia, aseguró.
Afirmó que el marco normativo adolece de vacíos legales que convierten en suplicio el otorgamiento del certificado de nacimiento a los padres de bebés que nacen con el apoyo de las parteras, pese a que estén registradas, y porque no existe suficiente reconocimiento a su labor.