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La reconstrucción nacional priorizará zonas con mayor desigualdad: Meyer Falcón

Descarta edificar en áreas de riesgo

 

El Programa Nacional de Reconstrucción priorizará zonas con mayor desigualdad, no se volverá a edificar en áreas de riesgo y se realizará un proceso de reubicación, afirmó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón.

 

Ante las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de Vivienda y Asuntos Frontera Sur, explicó que cada proceso de reconstrucción tiene un asesor técnico para asegurar que el recurso que se está entregando se ejecute de manera adecuada.

 

El tema de los recursos no es un tema que nos preocupe, porque a través de la capacidad técnica hemos incrementado la ejecución de los recursos y es probable que el porcentaje aumente; es decir, tener una reasignación de recursos en el Programa Nacional de Reconstrucción.

 

Indicó que en materia de infraestructura de salud se están llevando a cabo 100 actividades en educación hay cerca de mil acciones a las que se sumarán cinco mil y en cultura se están realizando dos mil 62; sin embargo, en este ámbito al tratarse de monumentos históricos, el proceso es más detallado.

 

Durante la ronda de posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), mencionó que la labor de la Sedatu tiene entre sus propósitos consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, por lo que es necesario un presupuesto suficiente.

 

La legisladora enfatizó que se debe hacer un frente común, a fin de promover el incremento en la asignación de los recursos para el Fondo Metropolitano, pero solicitó al titular de la dependencia ejercerlos plenamente y aprovecharlos en proyectos que incidan en un desarrollo urbano sustentable, por lo que urgió crear las reglas de operación.

 

Cómo se puede asegurar que las reglas de operación serán emitidas con el debido tiempo para que las autoridades locales estén en condiciones de anticipar su requerimientos y proyectos, preguntó.

 

“En los últimos años hemos visto cómo el presupuesto asignado ha mostrado subejercicios, cuando existen una infinidad de proyectos que califican en el Fondo Metropolitano. De acuerdo con datos del Sistema Urbano Nacional hay 401 ciudades clasificadas en 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos, en este total de regiones residen 92.6 millones de personas, lo que representa el 74.2 por ciento del total de la población”.

 

Lozano Mac Donald preguntó al secretario Meyer Falcón, qué acciones tomará para que la reducción presupuestal no afecte el objetivo de los programas y haya continuidad en los proyectos.

 

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) señaló que el gobierno federal busca impulsar políticas públicas enfocadas a potencializar un desarrollo sostenible con ciudades más seguras a partir de un enfoque alineado al Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, preguntó qué se hará con lo no ejercido del 2018 a la fecha en el Fondo Metropolitano, qué acciones se realizarán en materia de planeación urbana para reducir los índices delictivos asociados a la mala planeación urbana, para beneficiar a los campesinos y atender los conflictos agrarios, y cuál es la función de la dependencia en el Aeropuerto de Santa Lucía.

 

El diputado del PAN, Adolfo Torres Ramírez pidió al funcionario explicar por qué se disminuyó el presupuesto para el Programa de Reconstrucción, la Vivienda Social, la modernización en los catastros, el mejoramiento urbano, la movilidad, esta última tiene proyectado cero pesos, lo cual sólo demuestra que este tema es un discurso vacío que se queda en buenas intenciones. “Metas muy grandes tiene la Sedatu, pero con una reducción del 43 por ciento del presupuesto, sólo quedará en letra muerta o acaso están preparando la extinción de esta dependencia”.

 

La diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo interrogó al funcionario sobre cuáles serán los objetivos, metas y los ejes que la secretaría definirá de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y a partir de cuándo serán públicos, porque queremos que le vaya bien y lo que se mide se puede mejorar y evaluar, también preguntó por qué habrá una disminución de recursos destinados a los ramos 15 y 23 asentamientos irregulares y lo relativo a la prevención de desastres, enfoque de género en las políticas públicas.

 

En representación del PT, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, pidió impulsar a las sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de construcción, porque este tema genera empleos y preguntó sobre cuál es su actuar en la regulación agraria y los avances del Registro Agrario Nacional y la ordenación territorial y urbana del país.

 

Por Encuentro Social, el diputado Armando González Escoto expresó que ha sido insuficiente la planeación urbana, porque no se trata de construir, sino de concebir la expansión y crecimiento de las manchas urbanas ordenadamente; sin embargo, para tal propósito es necesario se reconsidere el recorte presupuestal a este ramo por uno que se ajuste a los programas prioritarios, a fin de contrarrestar la segregación territorial.

 

Del PVEM, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez inquirió al titular de la Sedatu sobre el avance del Programa de Mejoramiento Urbano; los criterios para identificar las ciudades beneficiadas y qué mecanismos prevé para la participación de la gente en la tarea de transformar la realidad de muchas comunidades, colonias, barrios de las zonas metropolitanas o de las ciudades que hoy no tienen condiciones dignas para generar bienestar.

 

La diputada perredista, Norma Azucena Rodríguez Zamora señaló que la reducción presupuestal para este rubro disminuirá las facultades de la Sedatu y cómo se logra atender a los damnificados del sismo, que siguen a la espera de soluciones de fondo de esta administración incapaz de dar y preguntó por qué no se han hecho público los padrones de beneficiarios de los programas.

 

En tanto, el diputado sin partido Carlos Alberto Morales Vázquez cuestionó al secretario si tienen garantizado el cien por ciento de reconstrucción para 2020, y en el caso de los monumentos históricos, que ya cuenta con un fondo liberado por el Fonden, aún no se comienzan los trabajos. Respecto del tema de las invasiones en este país qué acciones se han tomado.

 

En sus respuestas, el titular de la Sedatu indicó que respecto a las medidas en el rubro de mejoramiento urbano, se decidió concentrarse en la franja fronteriza del Norte, porque antes había una gran dispersión presupuestal y el resultado era bajo o nulo, por lo que se tomó la decisión de integrar un solo programa y una región específica.

 

“Si efectivamente son más de dos mil 500 municipios a nivel nacional, pero no son tantos los que concentran a una población con altos niveles de marginación”.

 

En este sentido, refirió que cada ciudad beneficiada por este programa tiene una bolsa aproximada de 530 millones de pesos, los cuales se utilizarán para equipamiento y servicios públicos, mejoramiento de viviendas y regularización de la tenencia de suelo.

 

Los subejercicios son agregados a una bolsa que se mantiene en el mismo fondo, esto permite seleccionar los proyectos de movilidad, conectividad, en las zonas metropolitanas. Apuntó que se prevé agilizar los procesos para acceder a los programas.

 

En el rubro de vivienda argumentó que se plantea dinamizar la política de vivienda, para lo cual se pretende flexibilizar los créditos, y con ello, impulsar el desarrollo regional.

 

Respecto al sector de conflictos agrarios, expuso que se han realizado mesas de trabajo, pues está convencido que el dinero no es la única forma de solución, sino se debe velar por una política preventiva en la materia e incorporar a los sujetos agrarios en proyectos productivos.

 

Apuntó que el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural ha logrado beneficiar a dos mil 500 beneficiarios con 27 mil hectáreas; no obstante, se trabajará en crear lineamientos para que operen de forma integral.

 

Por otra parte, detalló que para evitar la corrupción en este sector se realizó un programa de capacitación y fortalecimiento al personal encargado de los conflictos agrarios, se creó un manual único de procedimientos sustantivos de la Procuraduría Agraria y una campaña. “Ponle nombre y rostro a la corrupción”, la cual ha facilitado la denuncia.