Uno de los problemas que actualmente afecta a los mexicanos es la drogadicción que lamentablemente se vincula con la falta de oportunidades de desarrollo social. Esto nos debe llevar a la reflexión de lo que como sociedad debemos hacer en favor de la construcción de una sociedad más democrática. No debemos olvidar que la democracia al final es más que un sistema político, es un estilo de vida donde todos debemos tener la oportunidad para salir adelante, de tener oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto personal como social.
En ese sentido, el aumento de la drogadicción representa esa incapacidad que tenemos como sociedad de realmente vivir en una democracia, entendiendo con ella el sentido que constitucionalmente se ha definido y enunciado anteriormente.
Mientras la sociedad en conjunto, tanto las instancias de gobierno como los ciudadanos organizados o no, no nos pongamos de acuerdo en trabajar a favor de la construcción de esa sociedad democrática, los problemas de drogadicción seguirán siendo una presencia lamentable en nuestra vida cotidiana.
Es por ello que la pretendida legalización de la drogadicción no tiene un sentido y fundamento. No es legalizando como vamos a disminuir la incidencia de los drogadictos. Es solo la justificación de legalizar un mercado que traerá grandes ganancias a terratenientes que aprovecharan la oportunidad de crecer sus caudales de dinero, sin importar con ello el detrimento de la capacidad e interacción de un pueblo que es mejor mantener en la ignorancia y permisividad que distrae, que no ayuda a consolidar una participación más activa, más comprometida en la solución de los problemas que nos aquejan.
¿Qué va a suceder en el caso de la legalización de la mariguana, la primera droga formal del mexicano común, cuando no se logre disminuir de manera efectiva la incidencia de drogadictos?
Es una pregunta que los mexicanos nos debemos hacer de forma más que responsable. Dejar al aire este cuestionamiento sin un análisis objetivo y visionario, nos puede conducir a que la solución propuesta se convierta en una problemática mucho mayor.
Los jóvenes merecen una oportunidad de vida, no el fomento de la drogadicción y menos desde una visión institucional avalada por un marco jurídico permisivo. El deber del Estado y de los mayores es propiciar escenarios de desarrollo, educación y conformación de una personalidad sana en las futuras generaciones. Libres de los potenciales problemas que afecten el libre desarrollo personal y social.
En esa tarea todos de contar. En nuestras manos no está el futuro, sino el presente de miles de jóvenes que no debemos permitir que caigan más en las garras letales de la drogadicción.