La consolidación de la democracia la debemos concebir como un proceso donde convergen no sólo los intereses de los partidos políticos, sino también la fortaleza de las instituciones y la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión política.
Es por ello que este proceso, que lleva alrededor de 20 años de lucha social y política, las instituciones como el ahora llamado Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, ha jugado un papel fundamental en la sociedad mexicana.
Para empezar todos los mexicanos, a cumplir los 18 años de edad, es tradicional tener una cita INE para hacer el trámite de la credencial de elector, uno de los requisitos que junto con el listado nominal de electores, nos faculta para participar en los procesos de elección popular, tanto estatales como federales. La credencial para votar es esencialmente una carnet de identificación que nos acredita una certificación de mayoría de edad y, por lo tanto, contar con toda la personalidad y capacidad jurídica para ejercer por uno mismo los derechos y obligaciones inherentes como mexicanos. Es tal la importancia de ese documento con todos los candados de seguridad que ha fracaso otros intentos, como aquella cédula de identificación nacional, para crear un documento válido para identificación como ciudadanos.
Pero también hay que mencionar, que la legislación electoral aún y con todos los problemas que se puede acusar, es una de las más robustas en todo el mundo. Quien regula, como autoridad electoral, los procesos de elección popular ha recaído en el INE. Lo que en retrospectiva fue haber arrancado por la vía institucional y conformación ciudadana la capacidad de organización y de autoridad electoral al gobierno mismo. Esto es lo que ha permitido que proliferen diversas alternativas políticas que hoy constituyen cuerpos de gobierno colegiado en los órganos de representación popular.
Esto no significa que todo es positivo. Es claro que aún faltan muchos aspectos a mejorar, como es el caso de los procesos de candidaturas independientes y los requisitos que se exigieron para su registro en el anterior proceso electoral, como también el tema de la fiscalización, la distribución de las partidas presupuestarias a los partidos políticos, la eficiencia administrativa que permita más ahorros y eficacia en los gastos operativos y corrientes y el tema de los sueldos de consejeros y algunos funcionarios de primer nivel que se hacen exagerados, por lo menos, la realidad económica del país.
¿Es justo concluir, con base a todo lo anterior, que es más que suficiente para denostar a la institución que ha permitido quitarle el control y los resultados de las elecciones al gobierno?
Lo peor de toda esta discusión se ha centrado en la abrogación del Instituto Electoral Nacional, sin llegar a especificar cuál sería la propuesta ideal para su cambio, modificación o transformación. Es una crítica más basada en la polarización política y no el sentido de aportar elementos de conocimiento, análisis o crítica que nos permita establecer lo que debemos hacer para mejorar y superar los rezagos.
No se trata de “mandar al diablo a las instituciones”, sino transformarlas para consolidar su influencia con valores democráticos y en pleno apego a la legalidad y constitucionalidad de sus funciones.