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La historia de Paulette y la necedad de la investigación judicial

En este fin de semana se volvió a poner en el debate público el caso de la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah en el Estado de México hace 10 años por la serie de Netflix “Historia de un crimen, la búsqueda”. Una serie que curiosamente no contó con la publicidad y mercadotecnia de otras producciones originales de la empresa de distribución de contenido streamline, pero que ha causado desde descalificaciones por el toque de humor negro hasta revisiones de la historia de tan polémico caso que alcanzó y persiguió al grupo de poder del Estado de México que se empoderó políticamente durante el sexenio de Peña Nieto, en aquel entonces gobernador de esa entidad federativa que ya le apuntaba a la presidencia de la república.

En primera instancia siempre será lamentable la muerte de una menor de edad. Sin embargo, es preciso hacer notar que el carácter aparentemente irreverente como la serie manejó el desarrollo del caso, tiene como intención evidenciar la realidad de la investigación, procuración e impartición de justicia en nuestro país.

¿Cómo fue posible que el cadáver de la niña permaneciera oculto en la cama de su propia recámara? Cualquier persona, con solo perder algo en un lugar específico es capaz de mover todo para encontrar el objeto perdido. La serie apunta el papel desidioso de los padres de familia en la búsqueda inicial y retrata la incomprensible búsqueda de una hija perdida por parte principalmente de la madre.

También nos presenta a un procurador de justicia que raya en la idiotez sumido más en los intereses personales de escalar en la estructura política que en atender de manera oportuna los casos, aún cuando se trataba de una recomendación de alto nivel. Imagínese entonces qué sucedería con aquellos niños o niñas desaparecidos de gente común y corriente. Por esas actitudes y falta de compromiso tanto institucional como profesional en el servicio público muchas cosas no funcionan como deberían. Es la evidencia del deterioro institucional que tanto ha lastimado a nuestro país y provocado tanto hartazgo en la sociedad que desconfía siempre de las instituciones como de los marcos jurídicos que las fundamentan.

Lo peor que se refleja, además de las pifias en el tratamiento de la escena del crimen en los primeros momentos es como se va fabricando la presunción de la culpabilidad dependiendo de quién tiene más poder económico o político que es capaz de vulnerar las instituciones que ceden a esta presión y en lugar de investigar de manera objetiva, a lo largo de la investigación inicial se preocupan más por  fundamentar más una historia preconcebida y que de antemano ya tiene preestablecida la culpabilidad.

¿Se sembró el cadáver? ¿En verdad es sostenible desde una perspectiva de simple sentido de la razón o lógica natural creer en la versión de que NUEVE DÍAS estuvo ahí el cadáver de la niña Paulete, que ni los padres, ni las nanas, ni la amiga que durmió en la cama, ni la periodista y todos los demás investigadores no pudieron darse cuenta en los primeros momentos de esta situación?

Es ahí donde tenemos la verdadera irreverencia de la historia, no en la forma de como se contó y que nos pone en el juicio de conciencia en la sociedad mexicana la actuación de autoridades vinculadas con la investigación, procuración e impartición de justicia que no ha cambiado mucho en los últimos 10 años que han transcurrido desde que sucedió este lamentable caso. Basta precisar que para ese entonces el sistema judicial penal de México transitaba de un cambio significativo de un sistema inquisitorio al acusatorio. Fue 2008, dos años antes, cuando ya era Constitucional la reforma que preponderaba la presunción de la inocencia y pretendía que los procesos de investigación fuesen más científicos y objetivos.

En este caso, por más ficción no se logra superar una lastimosa realidad que vulnera el Estado de Derecho en México.

 

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