Un comité de derechos humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes, ha dado la razón a una pareja italiana que denunció al Gobierno de su país por obligar a la mujer a quedar embarazada después de haberse sometido a un tratamiento de fertilidad.
El caso se remonta a 2009. La pareja seguía un tratamiento de fertilidad in vitro y la clínica produjo un embrión que tenía pocas posibilidades de éxito. Temiendo sufrir un aborto espontáneo, la mujer pidió que no se le implantara. Sin embargo, la clínica le informó de que, por ley, no podía negarse y que la demandaría judicialmente si lo hacía
Ante la amenaza judicial, la mujer se vio obligada a aceptar el implante y finalmente acabó teniendo el aborto que temía.
Las cortes italianas se negaron a escuchar su caso y la pareja lo llevó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que puede recibir quejas de personas que han agotado las vías legales en su país.
En su decisión el Comité dice que Italia violó el derecho a la salud y la integridad física de la mujer. Además, pide al Estado europeo que compense a las víctimas, que asegure que tienen acceso a tratamientos de fertilización in vitro sin miedo a una intervención médica forzada y que tomen medidas para garantizar el derecho de las mujeres a elegir libremente y retirar su consentimiento a transferirle un embrión.
Libertades y derechos de la salud sexual
En una guía legal para los Estados, de 2016, el comité estableció que “el derecho a la salud sexual y reproductiva conlleva una serie de libertades y derechos” que incluyen el de tomar decisiones “libres y responsables”, sin violencia, coerción o discriminación, sobre asuntos que conciernen el propio cuerpo y la salud.
En este caso, la ley italiana restringe el derecho de la mujer que se somete a un tratamiento de fertilidad a restirar su consentimiento, lo que lleva a posibles intervenciones médicas forzosas o incluso a embarazos no deseados. Las posibles consecuencias para las mujeres “son extremadamente graves”, dice el Comité y constituyen una “violación directa a su derecho a la salud y la integridad física”, a recibir el mejor cuidado médico disponible y a la igualdad de género.
Los Estados que, como Italia, han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales están obligados por ley a acatar las decisiones del Comité. Italia tiene ahora seis meses para explicar cómo están respondiendo a esta decisión.
Boletín de prensa de la ONU