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Iniciativas del Ejecutivo en materia de justicia penal y cívica vulneran acuerdos internacionales: PRD

Propone parlamento abierto y crear un grupo de trabajo para revisarlas

Palacio Legislativo, 16-01-2020 (Notilegis). – El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que las iniciativas en materia de justicia penal y cívica presentadas por el Consejero Jurídico de la Presidencia, la Secretaria de Gobernación y el Fiscal General de la República este miércoles en el Senado de la República, violan los derechos de las personas indiciadas y de las víctimas.

También son contrarias a los principios del derecho, como la presunción de inocencia y el debido proceso, además de que vulneran los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano forma parte.

Por esas razones consideró conveniente que se haya pospuesto su envío al Congreso de la Unión y demandó una revisión a fondo para corregir las violaciones citadas.

En un comunicado, señaló que las iniciativas pretenden reformar la Constitución, la emisión de tres nuevas leyes (Código Nacional Penal, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Nacional de Justicia Cívica) y, por lo menos, reformar seis ordenamientos más.

“Resultan inconstitucionales y contrarias a los derechos humanos fundamentales, violan todo principio de seguridad jurídica y del debido proceso, atentando contra las garantías judiciales de los indiciados y las víctimas”.

Los proyectos que se retiraron para revisión ante los reclamos que suscitaron, crean un Ministerio Público que podrá actuar sin vigilancia judicial alguna, apuntó.

“El paquete de reformas es un ambicioso proyecto que pretende construir un súper Ministerio Público que podrá realizar cateos, intervención de comunicaciones telefónicas, decretar arraigos y otros actos de molestia, sin supervisión del Poder Judicial y por una gama de delitos inconmensurable, dada la discrecionalidad que se le otorga”, mencionaron los diputados del PRD.

“Se pretende crear una figura de mega jueces y magistrados que serán los que vigilen, como policías, a los jueces y magistrados del Poder Judicial y que dependerán directamente del Senado de la República, transgrediendo con ello no sólo la autonomía del Poder Judicial, sino sometiéndolo, en los hechos, a los designios políticos del control senatorial”, señalaron los legisladores perredistas.

“Llama la atención que, a sólo dos años de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debido a las graves carencias que tiene el Ministerio Público y a su incapacidad para generar carpetas de investigación bien integradas que conduzcan a la imposición de penas a los responsables, el Fiscal General de la República pretenda dar tres pasos hacia atrás y generar un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que desmantela al sistema acusatorio y nos devuelve a la época de la prehistoria penal”, abundaron.

Estas iniciativas limitan los derechos procesales de los imputados al no otorgarles el acceso pleno a la carpeta de investigación y abre la posibilidad de que las pruebas obtenidas por medios ilícitos, como tortura y otros, sean tomadas en consideración y valoradas en el juicio, violando con ello todos los preceptos internacionales en el rubro.

Específicamente, la que expide un Código Penal Único resulta particularmente engañosa dado que dejaría sin materia las leyes generales en materia de delincuencia organizada, secuestro, tortura, trata de personas y desaparición forzada de personas, con lo cual los tipos penales establecidos en esas leyes quedarían sin fundamento constitucional, sin embargo, sigue dejando que las entidades federativas expidan sus propios códigos, detallaron los perredistas.

“El Grupo Parlamentario del PRD se manifiesta abiertamente en contra de estas iniciativas y solicita la realización de un parlamento abierto para analizar la problemática que enfrenta el sistema penal en nuestro país y la conformación de un grupo de trabajo plural que examine, en su momento, estas iniciativas. Reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos y expresamos nuestro rechazo a su aprobación”, finalizó el comunicado.

Boletín de prensa

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