a diputada María Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar hasta con veinte años la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, al servidor público que cometa alguna extorsión.
Además, planteó incrementar la pena -de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa- hasta en una mitad a quienes extorsionen a grupos vulnerables, como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores.
La legisladora explicó que, en el ámbito jurídico, la extorsión consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.
“En diferentes ciudades de nuestro país se comete el delito de extorsión, mismo que se ha extendido significativamente, afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año”, aseguró.
Precisó que, de acuerdo con el reporte trimestral de la Asociación Civil Semáforo Delictivo, la extorsión aumentó 30 por ciento, en relación con 2016, y el Estado de México encabeza los casos con 250; seguido de Nuevo León con 172; Jalisco, 159; Veracruz, 133, y Ciudad de México, 121.
De igual forma, dijo, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en la Ciudad de México, estima que los negocios más vulnerables ante este delito son los pequeños y medianos, debido a la facilidad con la que son emprendidos.
Mercado Sánchez enfatizó que la extorsión es uno de los delitos de más alto impacto que se ha incrementado en nuestro país, ya que en los últimos años, es el segundo ilícito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo o asalto en la calle o en el transporte público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).