La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez Valdez, indicó que los ataques contra informadores cometidos por funcionarios públicos que quedan impunes, demuestran falta de autonomía en procuración de justicia y estimula su continuidad, ya que no existe pena para quienes perpetran el delito de amenazas.
Cuestionó cuántos comunicadores más tienen que perder la vida para que el Estado garantice su seguridad e integridad; por lo que llamó al Presidente de la República, y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, a frenar la violencia contra la libertad de expresión y terminar con la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas.
“Basta de negar que los delitos cometidos contra los informadores no están vinculados a su profesión y de no tener una verdadera línea de investigación. Las amenazas cometidas en su contra deben ser delitos que tengan pena para los responsables”.
Recordó que el pasado 22 de agosto el periodista Cándido Ríos Vázquez fue asesinado en el municipio de Hueyapan, Veracruz, pese a estar incorporado al Mecanismo Federal de Atención y Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Subsecretaria de Gobernación.
Días antes a su muerte el comunicador grabó un video en el que acusó de corrupción a Samuel Huerta, líder y regidor del ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo; Javier Gómez Casarín, excandidato de Morena, en el mismo municipio y a Gaspar Gómez Jiménez ex alcalde priísta, quien lo amenazó de muerte en diversas ocasiones y constaba denuncia desde el año 2012.
En el video el periodista manifestó que no tenía miedo de perder la vida, que prefería abrirle los ojos a su gente.
La diputada Brenda Velázquez expresó que “hoy no hablamos de investigar amenazas, sino de un homicidio, por lo que exigimos al gobierno mexicano cumplir con su obligación de garantizar el libre periodismo”.