La bancada plantea reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Palacio Legislativo, 21-08-2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD, que coordina la diputada Verónica Juárez Piña, informó que impulsa una iniciativa para garantizar a usuarios de entidades financieras, cuando éstas están en problemas, un mayor reembolso de recursos (depósitos y ahorros).
«Así, los usuarios de esos bancos emproblemados, en lugar de un reintegro de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs), de ser el caso recibirían el equivalente de hasta 500 mil y, si tienen más de 60 años o son jefas de familia o discapacitados, el equivalente de hasta 550 mil UDIs», indicó la bancada en un comunicado.
La propuesta de las y los diputados del PRD plantea reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
«Los depositantes de dinero -ya sea a la vista, retirables en días preestablecidos, como ahorro, o a plazo o con previo aviso-, así como los que le hayan prestado o dado crédito a algún banco que luego se vio en problemas, en lugar de tener garantizada la devolución de hasta 2 millones 578 mil pesos (aproximadamente, al valor actual de las UDIs), recibirían hasta 3 millones 222 mil 500 pesos (500 mil UDIs) o, si están en los supuestos referidos, hasta 3 millones 544 mil 750 pesos (550 mil UDIs)».
Señalaron que esta garantía de reembolso, conocida como Seguro de Depósito Bancario y prevista en el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no se ha actualizado desde su creación hace 20 años en función de los cambios estructurales, sociales, bancarios y económicos del país, sino sólo en función de la actualización inflacionaria de las UDIs.
«La característica fundamental de dicho seguro es esa garantía, actualmente de hasta por 400 mil UDIs, en favor de los ahorradores, sean personas físicas o morales, de forma automática y gratuita, sin necesidad de que realicen trámite alguno para el reembolso de su dinero».
«Sin embargo, esta ley y otras del sistema financiero tampoco reconocen garantía adicional alguna a favor de grupos vulnerables, como sí lo hacen otras normas y políticas públicas», abundaron.
La garantía sobre un mayor monto de recursos de los ahorradores no tendría impacto alguno sobre las finanzas públicas, el mismo artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario prevé que el Fondo de Protección proviene de las cuotas que para tal efecto aportan las instituciones bancarias y que determina, en todo caso, la Junta de Gobierno del propio Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
La iniciativa, también busca establecer la obligación de las instituciones bancarias de contar con un Programa de Educación Financiera, prever los recursos financieros para llevarlo a cabo de manera activa con sus cuentahabientes, y para tal efecto, la iniciativa propone modificar el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
«Las Instituciones Financieras deberán contar con un Programa de Educación Financiera para sus clientes, para lo cual deberán prever recursos, y por conducto de sus organismos de representación o por sí solas colaborarán con la Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos a que se refiere el párrafo anterior».
En su redacción vigente, dicho artículo deja la tarea educativa y de cultura financiera sólo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y asigna a las instituciones financieras únicamente la obligación de colaborar.
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