Lima, 5 Ene (Notimex).- El Grupo de Lima abrió la puerta a posibles sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, así como medidas que «contribuyan a la recuperación de la democracia» en ese país centroamericano, ante lo que calificaron como una grave situación de derechos humanos.
La víspera, en el marco de la reunión del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela, el canciller chileno Roberto Ampuero invitó a sus homólogos sudamericanos a un encuentro en la embajada de Chile en Perú, a fin de examinar la crisis en Nicaragua.
El encuentro, al que asistieron los cancilleres de Brasil, Colombia, y Perú, así como los vicecancilleres de Argentina y Paraguay, tuvo lugar en el marco de las iniciativas impulsadas por el Grupo Especial de Trabajo establecido en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya vicepresidencia es ejercida por Chile.
El canciller chileno manifestó que dichas medidas son necesarias «debido al agravamiento de la represión política; el acoso a los defensores de los derechos humanos y las severas restricciones a los medios de prensa y violaciones a la libertad de expresión e información» en el país centroamericano.
«Creemos que es importante potenciar el rol del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua en la OEA como mecanismo fundamental para la promoción de la democracia y las libertades fundamentales en dicho país”, puntualizó Ampuero, de acuerdo con un comunicado de la cancillería chilena.
Durante la reunión convocada por Chile, los asistentes evaluaron otras medidas, como revisar los programas de cooperación bilateral y triangular con Nicaragua.
También recomendaron que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, sea remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).
El 21 de diciembre pasado, el GIEI presentó un informe sobre los hechos violentos ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, en el que concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad y señala a actores directos de la represión que deben ser investigados.
Asimismo, el GIEI descartó que hubiera evidencias de golpe de Estado, una de las razones esgrimidas por Ortega para justificar la represión, o que las protestas hayan sido dirigidas por una organización, al señalar que emanaron de la ciudadanía.
El GIEI recomendó además a los Estados miembros de la OEA y la ONU que, «con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad» inicien investigaciones y en su caso, juzguen a los responsables de dichos crímenes «en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país”.
El Consejo Permanente de la OEA convocó para el próximo 11 de enero a una sesión extraordinaria a fin de analizar la crisis en Nicaragua, con el objetivo de aplicar la Carta Democrática a ese país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó a la sesión, tras considerar que la institucionalidad ha sido trastocada en Nicaragua, donde más de 325 personas han muerto y más de 600 manifestantes han sido encarcelados desde que se inició la crisis política en abril pasado.