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Garantizar la participación de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de políticas y programas

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no refleja la obligación internacional del país para garantizar el derecho a la consulta y a la participación directa de las personas con discapacidad en los asuntos que les competen.

Así lo aseguró la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien presentó a nombre propio y de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, una propuesta de reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Planteó que en los procesos de elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas, así como acciones positivas, todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia, deberán realizar consultas y garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, incluidas niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que representan.

La legisladora insistió que el Poder Ejecutivo debe garantizar la existencia de mecanismos para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de este sector de la población, en la elaboración y aplicación de los programas, con base en los tratados internacionales de los que México es parte.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupo Vulnerables, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

 

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