La transformación del sistema penal mexicano del inquisitorio al acusatorio-oral implica una evolución de las instituciones en materia de procuración e impartición de justicia. Un cambio en estructuras jurídicas y organizativas para adecuarse a los requerimientos que demanda la nueva o forma de hacer justicia en el país.
Para la administración pública a nivel federal se requiere el cambio de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República. Eso cambia hasta los roles que tradicionalmente conocemos. Ya no habrá un procurador general como titular de la dependencia para dar lugar a un fiscal general.
Implica nuevas atribuciones y facultades como también la desvinculación en la decisión de quien sería nombrado como titular del cargo de la Presidencia de la República. Sería el Senado de la República el órgano del Estado mexicano el que asume esa prerrogativa legal.
Al presentarse la iniciativa para concretar el cambio se estableció que el primer fiscal quede en manos del último titular de la PGR al entrar en vigencia y operación el cambio. Por lo cual, el actual procurador de justicia, nombrado por Enrique Peña, se convertiría de facto en el primer fiscal general.
Esto ocasionó duros señalamientos de la opinión pública, de especialistas en Derecho y los otros partidos políticos.
Hace un par de días, el presidente Enrique Peña Nieto, daba a conocer sobre la presentación de una "contrainiciativa" para cambiar la regla e impedir que suceda aquello. La propuesta del Ejecutivo Federal abre a la competencia para que el primer fiscal surja de un proceso de evaluación de propuestas y trayectoria, para que el Senado elija la mejor opción.
Se reconoce la sensibilidad de la presidencia para entender la inconformidad y darle una mejor viabilidad jurídica. Abrir desde el principio el proceso para elegir al mejor debe abonar a la paz, a la convivencia democrática, la certidumbre y seguridad judicial.
La transformación para crear a la nueva Fiscalía General de la República toma un mejor camino.